Aunque disminuyó sustancialmente su valor con respecto a 2006, cada uno de los poco más de 40 mil votos de mexicanos residentes en el extranjero tuvo un costo aproximado de 4 mil 600 pesos, en tanto que cada solicitud enviada implicó una erogación para el Instituto Federal Electoral (IFE) de 2 mil 500. A pesar de lo elevado se redujo casi a la mitad el precio por voto, pues en 2006 fue superior a 9 mil pesos y cada solicitud 7 mil 800, informó el consejero Benito Nacif.

Durante la realización de un seminario denominado Voto de los mexicanos en el extranjero; perspectivas de reforma, organizado por el IFE, las críticas recurrentes de especialistas se dirigieron a la obsolescencia de un modelo basado en el sufragio postal, que inhibe sustancialmente la participación.

Rubén Murillo, representante de organizaciones latinas en Estados Unidos, destacó que desde las elecciones de 2006 eran evidentes las deficiencias, mismas que se ratificaron en 2012, por lo que no es admisible a futuro una nueva elección presidencial con este esquema.

En la inauguración del foro, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, reconoció las insuficiencias del modelo y las complicaciones que tiene el sistema, entre ellas la restricción que implica la obligatoriedad de contar con credencial de elector, sin que el IFE pueda emitir micas en el extranjero. Consideró asimismo que el desarrollo tecnológico garantiza la secrecía y seguridad del voto para analizar otras opciones.

Valdés se manifestó por evaluar el potencial de la tecnología para hacer más eficiente el modelo y el despliegue institucional del Estado para favorecer el sufragio. Además planteó la posibilidad de que la práctica analizada no se circunscriba a la elección presidencial y pueda ser también utilizada para elegir a los integrantes del Congreso.

Nacif reinvidicó por su parte la necesidad de que el Estado mexicano redoble esfuerzos por garantizar este derecho a quienes viven en el extranjero y lamentó los obstáculos que tiene implícitos el modelo actual, así como las críticas por los costos que representa para el IFE.

Refirió que el modelo postal implicó, por ejemplo, que se perdieran uno de cada tres sufragios de quienes se inscribieron en el padrón especial, esto es, alrededor de 20 mil votos; además, tuvieron problemas las personas a quienes se les envió el kit electoral para que sufragaran, y 7 de cada 10 solicitudes que se bajaron por Internet, también se perdieron; por lo que hace a 17 por ciento de los formatos llenados en los consulados con asesores contratados por el IFE, no se depositaron en la urna y no llegaron. Cada uno de ellos costó al IFE unos 40 dólares.

Por su parte, César Astudillo, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que había que desmontar algunos mitos y pensar que si el modelo no genera 12 millones de votos, entonces es un fracaso. Reconoció la necesidad de discutir el requisito de contar con credencial con fotografía o permitir que se pueda credencializar en el exterior.

Para el consejero electoral Marco Antonio Baños, el modelo actual es restrictivo –a pesar de que se redujeron las trabas en 2012– por sustentarse sólo en el voto postal y por los plazos perentorios fijados. Dijo que el modelo enfrenta fuertes complicaciones, particularmente entre los residentes en Estados Unidos, por lo que se manifestó por modificar la ley para poder credencializar en el exterior mediante un convenio con las representaciones diplomáticas, y no descartó que se pueda implementar un modelo flexible que pueda incluir el sufragio electrónico.

A su vez, Francisco Guerrero, también consejero del IFE, afirmó que el modelo ya no es funcional y sería absurdo llegar a 2018 con este mecanismo de voto postal certificado. Identificó a las restricciones a credencializar como uno de los puntos urgentes a modificar y que requiere de una respuesta inmediata para alentar el sufragio desde el exterior.