erá hasta dentro de un año, pero la sucesión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) despertó ya la ambición de algunos personajes ávidos de poder que pretenden hacerse del organismo para saciar sus fines.

Como es costumbre, Emilio Álvarez Icaza pretende ahora, luego de su fracaso de convertirse en ombudsman nacional, colocar a uno de los suyos en el organismo local, pero sobre todo impedir que el actual presidente de esa comisión, Luis González Placencia, pueda conseguir apoyos para una posible relección, en una acción que inhibe, desde ahora, la libre elección de quien debe dirigir la CDHDF.

Y no es todo, los actores en la arena partidista también están listos para dar la pelea, dado que a la comisión se le considera instrumento de presión para los gobernantes, y no la institución que cuide el derecho ciudadano a no ser abusado por la autoridad. Entonces, la figura que empieza a mover sus peones en ese sentido es ni más ni menos que el perversor René Bejarano, listo a ganar poder.

En los dos casos, lo menos importante es el quehacer del organismo, es decir, la verdadera función, y se entabla una guerra de poder que no augura nada bueno, principalmente para los ciudadanos, que en sus derechos estarían expuestos al capricho de uno o a los intereses del otro, por lo que nada sería mejor que hallar las formas para evitar que las manos de cualquiera de estos dos interesados adelantados se metan en el proceso de sucesión.

Lo que sí debe analizarse, y con mucho cuidado, es el trabajo de González Placencia, quien pese a los más oscuros augurios sobre su gestión, ha mostrado una independencia que tal vez a muchos incomode, pero que ha servido para retomar la credibilidad perdida con anteriores presidencias –que dieron un tinte marcado de frivolidad a esta institución– requerida por la labor seria y eficaz.

Y es que no obstante todas las tentaciones, incluidas aquellas que lo po-drían llevar a la fama, González Placencia optó por el trabajo sin reflectores y hasta ahora no ha requerido de publicitar sus éxitos para hacerse notar entre los grupos políticos, contra los que, al parecer, se ha vacunado, y todo eso, aunque a él no le guste, debe tener algún reconocimiento entre los ciudadanos, a quienes ha tratado de servir con total independencia del poder.

Por eso son muy pocos los que hablan de su relección, por temprano que parezca. De cualquier forma, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin preocuparse demasiado por el trabajo sucio que algunos tratan de enderezar en su contra, ni de los acuerdos convenencieros que otros buscan establecer con la comisión para ir sembrando a sus preferidos, sigue en pie de lucha por la defensa de los ciudadanos alejado de los intereses de otros grupos.

Sí, es verdad, falta un año, pero los calendarios se han adelantado y todo hace suponer que en muy poco tiempo se empezará a mirar una batalla singular entre los que tratarán de echar de la CDHDF a Placencia, para convertir al organismo en lo que fue, otra parte del juego político, y nada más.

De pasadita

Mañana, Andrés Manuel López Obrador irá al Congreso para encararse con los legisladores y buscar que esa clase política entienda el mal que se hará al país, principalmente a sus trabajadores, en caso de que las reformas a la ley laboral quede como la enviaron los diputados al Senado, en una de esas misiones con sello de imposible. Ni diputados ni senadores están con ánimo de comprender los alcances de la medida, que ha buscado hacer legal lo ilegal, en lugar de corregir, por un lado, y por el otro proteger lo que la ley ahora ampara para seguir en el camino de la opacidad en el manejo de los intereses de los sindicatos.

Desde luego, parece que hoy también habrá de presentarse por aquellos rumbos, los del Senado, Jesús Ortega, quien buscará hacer del conocimiento de los legisladores que deben llamarse acuerdos a todos los contratos de sumisión que de su interés, y el de su grupo, salgan. Nada más.

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