La Secretaría de Hacienda rechazó ante diputados una intencionalidad política del gobierno de Felipe Calderón al enviar, en el ocaso de su sexenio, una reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, y aceptó que los gobiernos continúen con la práctica de traspaso, de una cuenta a otra, de recursos etiquetados si éstos finalmente se aplican a los programas autorizados por el Congreso.

Ayer, durante una explicación de los alcances de la reforma –aprobada en el Senado y a revisión en la Cámara de Diputados–, funcionarios de Hacienda afirmaron que en 2008, cuando se aprobó la ley, sólo se pensó en la armonización contable, pero con los años el gobierno se dio cuenta de que también debía haber una sola regla sobre la aplicación del gasto.

Durante la reunión en que la Comisión de Hacienda convocó a subsecretarios de Hacienda, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza sostuvo que si bien con la reforma se permitirá dar transparencia y máxima publicidad de la información financiera de los gobiernos federal, estatales y municipales, llama la atención por qué, a tres meses de concluir el sexenio (Calderón), se dio cuenta de la necesidad de una reforma de transparencia en el gasto de todos los entes públicos y órdenes gubernamentales.

El subsecretario de Ingresos, José Antonio González Anaya, respondió que han surgido todo tipo de insinuaciones sobre el proyecto presidencial. Pero, acotó, estas cosas toman tiempo y fue un proceso que maduró ahora.

La diputada María Cerda Franco (Nueva Alianza) recordó  que en la aprobación del dictamen en el Senado los legisladores eliminaron la prohibición a los gobiernos de traspasos, entre cuentas, de recursos etiquetados. Luego, cuestionó: Con esto, ¿no estamos favoreciendo lo que pretendemos combatir, la opacidad y la discrecionalidad?

González Anaya respondió que en cierto sentido queda acotada la transferencia de recursos entre cuentas, porque los gobiernos tendrán la obligación de hacer público el destino del gasto.

El subsecretario de Egresos, Carlos Treviño, recordó que evitar los traspasos restringía la flexibilidad a los ejecutores del gasto en los estados y municipios. El problema no es el traspaso, sino que los recursos se utilicen en el fin último, declaró.

La ley obliga a las autoridades a revelar el origen y destino de los recursos públicos, entre ellos deuda, pasivos y compromisos financieros que contraigan, así como a entregar reportes trimestrales sobre nóminas de educación y salud.

Los funcionarios señalaron que los municipios que no cuenten con recursos suficientes para cumplir con esas obligaciones podrán solicitar al Consejo Nacional de Armonización Contable el uso de los servidores del Sistema de Información Financiera, donde se les creará una liga de registro de sus operaciones en tiempo real, dijo Treviño.