El gobierno federal y el de Chihuahua estaban enterados de la explotación ilegal de pozos en el municipio Buenaventura, pues en diversas ocasiones lo denunció el dirigente de El Barzón en la zona, Ismael Solorio –asesinado esta semana junto con su esposa, Manuela Solís–, señaló Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de esa organización. Precisó que se pedirá crear comisiones del Congreso de la Unión que coadyuven en las investigaciones.

Agregó que el martes se reunió con el gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, y hubo contacto con la Secretaría de Gobernación. Ambos informaron sobre las líneas de investigación del asesinato. Todo tiene que ver con la lucha contra la explotación ilegal del agua, señaló.

Recordó que hace tiempo se firmaron varios convenios en los que se pedía claridad y certeza a autoridades federales y estatales porque muchos pozos fueron abiertos de forma arbitraria, con permisos clonados.

Otro problema, apuntó, es la compañía Minera Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver. Autoridades ejidales han advertido sobre los altos niveles de contaminación de los acuíferos a causa de la minería. Agregó que funcionarios federales sabían esto y que ya había habido enfrentamientos y connatos de violencia por los pozos y la explotación del río Del Carmen, así como campañas de desprestigio contra Ismael Solorio por gente ligada a los intereses de la mina.

A las autoridades se les pidió protección y actuaron de manera omisa; hubo al menos unas 10 audiencias con la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación. A pesar de la ilegalidad, no actuaron, señaló.