l dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobado en lo general y lo particular por el Senado el pasado martes, fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados luego que el primero ratificó la grave afectación a los derechos laborales aprobada por la segunda: la legalización de los contratos a prueba, el outsourcing o subcontratación y el pago por hora, que colocan a los asalariados en un estado de desprotección aún mayor que el que padecen actualmente. Sin embargo, la cámara alta incorporó aspectos positivos a la propuesta de reforma, como los relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia sindicales.

A reserva de lo que ocurra en San Lázaro, resulta pertinente comentar la luz verde legislativa a los aspectos relacionados con la llamada flexibilidad laboral, en la medida en que han generado un amplio descontento social que no fue recogido, sin embargo, por ninguna de las dos instancias legislativas. En la discusión senatorial de antier, las bancadas del PRI y el PAN mostraron una cohesión similar a la que habían mostrado antes en la Cámara de Diputados y aprobaron las directrices demandadas por las cúpulas patronales. Las fuerzas de izquierda, por su parte, si bien rechazaron la reforma en lo general y formularon reservas a los aspectos más lesivos de la misma, volvieron a mostrarse incapaces de articular una política de resistencia eficaz para oponerse a las modificaciones mencionadas; los representantes de los tres partidos progresistas en el Senado se limitaron a votar en contra de la iniciativa calderonista, sin ensayar una discusión a profundidad en defensa de los intereses laborales.

En tal circunstancia, sería improcedente y peligroso que los legisladores terminaran por ceder a las presiones del gobierno federal y de los organismos empresariales en el sentido de acelerar la aprobación de la reforma laboral y su consecuente promulgación. Sería saludable, en cambio, que antes de seguir por ese rumbo los diputados revisaran los escenarios de confrontación social a que han dado lugar los recortes de derechos laborales en España, Portugal y Grecia.

Una vez que se ha cumplido con el proceso de dictaminación en ambas cámaras –como lo demanda la figura de iniciativa preferente–, es procedente y necesario que el Poder Legislativo induzca las formas de consulta ciudadana y convoque a los debates públicos que habrían debido realizarse aun antes de las deliberaciones, y que se disponga a escuchar el punto de vista de sindicatos, juristas, científicos sociales, organismos de la sociedad civil y otros sectores interesados, en el entendido de que el laboral no es un asunto menor, sino una de las piezas fundamentales del pacto social que, maltrecho y todo, ha impedido que el país se desarticule a pesar del desastre social causado por tres décadas de políticas neoliberales.

Es claro que dicha tarea no puede ni debe estar circunscrita a los plazos del actual periodo de sesiones legislativas, y ni siquiera a la duración de la presente legislatura, sino debe tomarse el tiempo que sea necesario para lograr que la modificación legal refleje el sentido nacional mayoritario. De actuar en ese sentido, los consensos se producirán más temprano que tarde. En cambio, si se cede a las presiones del poder político y económico, se estará poniendo en riesgo la armonía social y política de la nación.