El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF), destituyó este miércoles de manera definitiva al juez del llamado michoacanazo, Efraín Cázares López, por considerar que incurrió en faltas graves a su labor jurisdiccional.

En un comunicado, el CJF informó sobre la destitución, pero sin señalar los motivos, mientras fuentes del PJF revelaron a La Jornada que la Judicatura encontró inconsistencias en la evolución patrimonial del juzgador.

La determinación de los siete integrantes del CJF, entre ellos el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Juan Silva Meza, puede ser impugnada por Cázares ante el máximo tribunal del país, única instancia que revisaría su caso y, si es procedente, ordenar su reinstalación.

Cázares fue destituido de manera provisional en junio pasado. Desde entonces tanto el CJF como la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron pesquisas en su contra.

Inversión en gasolinera

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) libró el 3 de junio de este año una orden de presentación y localización contra Cázares, quien fue juez primero de distrito con sede en Morelia, Michoacán.

Los fiscales de la PGR aún investigan a Cázares, porque presuntamente ocultó en sus declaraciones patrimoniales sus inversiones en una gasolinera y porque un testigo protegido por esa dependencia declaró haberlo sobornado, según se desprende de la averiguación previa UEIORTIFAM/002/2011.

La investigación llevó a los fiscales del caso a intervenir varios números telefónicos del impartidor de justicia y de sus familiares, durante el primer semestre de 2011, en el que se detectaron comunicaciones privadas que presuntamente comprometen a Cázares López.

Además, un testigo colaborador de la PGR, identificado con el nombre clave de Wicho, dijo a esa dependencia en diciembre de 2011 que cuando estuvo libre y perteneció al grupo criminal de La familia michoacana entregó dinero en efectivo al juez destituido.

En 2010 Cázares obsequió amparos y emitió resoluciones que permitieron a 12 ex funcionarios del gobierno de Michoacán (presos dese un año antes por sus presuntos vínculos con La familia michoacana) recuperar la libertad. Otros 22 servidores públicos de esa entidad obtuvieron fallos similares emitidos por otros jueces.

Hasta el momento la Seido no ha conseguido orden de aprehensión contra Cázares, aunque de acuerdo con fuentes ministeriales consultadas ayer está perfectamente acreditado que el inculpado tiene acciones en una gasolinera ubicada en el estado de Michoacán, además de que sus ingresos no coinciden con su evolución patrimonial de los cuatro años recientes.

Esa gasolinera está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda como la franquicia denominada Santa Rita de Casia, SA de CV, cuya administradora es Yuriria Cázares López, hermana del juez destituido.

En su comunicado de ayer, el CJF refirió que garantiza que en este, como en todos los asuntos, se adoptarán las medidas que sean necesarias; los impartidores de justicia del país son conscientes de las exigencias de la sociedad y de la necesidad de contar con un mejor sistema de impartición de justicia.