El subsecretario de Educación Básica, Francisco Ciscomani, aseveró que en los dos años recientes el número de comisionados sindicales en la Secretaría de Educación Pública (SME) disminuyó de cinco mil 600 a menos de cuatro mil.

Dijo que en materia de transparencia sindical, la SEP ha entregado toda la información requerida acerca del dinero y permisos concedidos en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo.

Evadió opinar sobre la permanencia de Gordillo en este sindicato – encabezará al menos hasta 2018 el órgano superior del gremio– y se limitó a responder que ello es parte de un proceso interno de esa organización gremial.

Destacó, sin embargo, que el SNTE no ha interpuesto inconformidad legal cuando la SEP difunde datos de comisionados, cuotas sindicales y licencias otorgadas al personal de esta secretaría, así como el número de docentes y de resultados de la evaluación.

–¿El SNTE es un sindicato transparente?

–Todo depende. Cuando se pide información del sindicato, la SEP ha respondido sin empacho.

El subsecretario fue entrevistado al término de la firma de un convenio de colaboración entre la SEP y las secretarías de Gobernación y de la Función Pública en materia de derechos humanos en el contexto del Plan Nacional de Educación y sus alcances a largo plazo.

El funcionario comentó que los planes deben ser transexenales, en particular lo que se refiere a la capacitación y evaluación de los profesores. Es decir, desterrar la idea de que los países nacen y mueren cada seis años.

Los docentes, añadió, tienen una gran carga porque lo que como sociedad no podemos avanzar se le achaca a los profesores.

Nuestros docentes son maravillosos; son muchos más los que hacen bien su trabajo que los que no, subrayó.

Dijo que la SEP genera contenidos para la capacitación de los profesores en el respeto a las garantías individuales, a fin de que el niño sea capaz de distinguir y exigir sus derechos humanos, además de combatir y erradicar la discriminación.

“Pero el gran reto que vamos a enfrentar es cómo hacerle entender a la sociedad que estos derechos, como el de la educación, van a ser justiciables…la gran tarea la tiene la sociedad civil”, expresó.

Antes, durante esta firma, el subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de Gobernación, Max Diener, destacó que la educación es la única alternativa para avanzar en el cumplimiento y respeto de las garantías básicas.

En este punto reconoció que en México ha habido avances, pero falta mucho por hacer y que los pasos de solución han sido pequeños, aunque permanentes.