Es de suma relevancia atraer a la jurisdicción de esta Suprema Corte el caso de Israel Arzate, manifestó el pasado miércoles el ministro Arturo Zaldívar, quizá hoy uno de los juzgadores que más dominan el tema de los derechos humanos, al exponer a sus colegas de la primera sala la importancia que tiene para el máximo tribunal del país llevar ese juicio, pues con ello podrán resolver los alcances del protocolo de Estambul sobre temas de tortura en el marco jurídico mexicano.

Israel Arzate, de 26 años, es defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que litiga dos amparos en favor del joven chihuahuense, acusado de participar en la matanza de 18 estudiantes, perpetrada en enero de 2010, en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el Centro Pro aplicaron el protocolo de Estambul a Israel Arzate y concluyeron que fue torturado.

Además, Javier Hernández, representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, denunció el martes anterior, en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Centro Pro, que el joven lleva dos años y medio recluido en el penal estatal de Chihuahua sin que existan pruebas adicionales en su contra, y manifestó que es pan de todos los días que policías y militares mexicanos incurran en torturas al momento de detener a supuestos criminales.

El ministro Zaldívar expuso que el caso es emblemático, pues permitirá a la Corte pronunciarse sobre el protocolo de Estambul, mecanismo avalado por la ONU para detectar torturas en procesos penales, pues la principal prueba contra Arzate es una confesión, presuntamente obtenida mediante abuso físico.

La primera sala determinó atraer el caso, pues mediante ellos estará en la posibilidad de fijar criterios de interés y trascendencia en los siguientes temas: a) el valor probatorio de una confesional en materia penal cuando existan indicios de tortura, b) los alcances del principio constitucional de inmediación, c) los parámetros del derechos a una defensa efectiva y d) los deberes de los defensores públicos en los procesos penales, expresó Zaldívar a sus compañeros.

De esta forma, la primera sala de la SCJN aceptó conocer dos amparos en los que Arzate impugnó los autos de vinculación a proceso que se le dictaron en dos expedientes distintos, uno por homicidio y lesiones y otro por posesión de vehículo robado.

Israel Arzate fue detenido por militares días después de la matanza, cuando manejaba una camioneta Grand Cherokee robada; rindió su declaración durante una diligencia celebrada en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el 7 de febrero de 2010 la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua lo presentó como involucrado en el caso, por el que ya habían sido capturados otros cuatro sospechosos.