El asesinato de Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuela Solís Contreras, militantes de la organización campesina El Barzón –perpetrado el 22 de octubre– fue facilitado por la campaña de desprestigio emprendida por las autoridades de Chihuahua contra ambos debido a su lucha en defensa del agua en ese estado, sobrexplotada por proyectos mineros y agrícolas insostenibles.

Así lo denunciaron compañeros de los activistas, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen y responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de posibles ataques contra otros miembros de dicho colectivo.

Joaquín Solorio, hermano del activista asesinado, indicó que fue la lucha de Ismael por defender el agua lo que provocó su homicidio. Hubo una campaña de calumnias contra él desde el gobierno, y eso lo puso en situación de mayor vulnerabilidad, lamentó.

Martín Solís, dirigente de El Barzón, recordó que Solorio había provocado el enojo de la minera canadiense Mag Silver, tras divulgar que esta empresa había falsificado documentos de una supuesta asamblea donde varias comunidades chihuahuenses la autorizaban a trabajar en sus terrenos.

El activista reveló que los trabajos de la minera para explotar oro, plata y molibdeno se realizan sin estudios de impacto ambiental y provocarán la utilización irracional de los acuíferos.

Solís dijo que en Chihuahua existen alrededor de 13 mil 800 pozos agrícolas, de los cuales 2 mil 300 son ilegales, y entre 400 y 500 están en las inmediaciones del río Del Carmen.

Yako Rodríguez, también líder de la organización campesina, subrayó que hay corrupción en la Comisión Nacional del Agua, que privilegia a no más de 100 agricultores menonitas.

La activista Lucha Castro informó que los barzonistas ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedir medidas cautelares; además, se pudieron en contacto con Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.