Madrid, 30 de octubre. La justicia española ordenó hoy la detención internacional de siete antiguos responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) chilena y su posterior extradición para juzgarlos por su presunta implicación en la muerte de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), al abrir un proceso en su contra.

El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió procesar al ex director de la ya desaparecida Dina Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y a otros seis altos cargos de la policía secreta de la dictadura por un presunto delito de genocidio, un delito de asesinato y uno por la detención ilegal de Carmelo Soria Espinoza en 1976, según un auto judicial conocido este martes.

Además de Contreras, quien ya ha purgado varias condenas en Chile, el juez dictó órdenes internacionales de detención contra los chilenos Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín y el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, para su ulterior extradición.

El magistrado español se apoyó en el principio de jurisdicción universal para justificar la competencia de España en este presunto asesinato, que ocurrió fuera del país. Sostuvo que por las autoridades judiciales chilenas no ha existido investigación y persecución realmente efectiva de los hechos, y señaló que la Suprema Corte de Chile sobreseyó el caso en 2006.

La corte chilena se apoyó entonces en la ley de amnistía de 1978. Una autoamnistía de la dictadura militar chilena, que se camufló en la apariencia de norma jurídica, sin obedecer a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país, consideró Ruz, quien sustituye desde 2010 al ex magistrado Baltasar Garzón, quien en 1998 hizo detener a Pinochet en Londres.

Según el juez Ruz, Contreras, como responsable de una fuerza que sólo obedecía y respondía ante la junta militar de gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet Ugarte, ordenó al capitán Salinas, de forma directa, por cuenta de mandos superiores de la dictadura no debidamente acreditados, el secuestro y posterior fallecimiento del señor Soria.

El diplomático español, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 cuando se dirigía a su residencia en Santiago.

Según datos registrados por el juez Ruz, Soria fue maniatado y sometido a torturas con la cara vendada durante varias horas por los agentes de la Dina que después acabaron con su vida al estrangularlo. Su cadáver fue arrojado a un canal dentro de su vehículo junto a una botella de bebida para simular un accidente.