El pleno de la Cámara de Diputados exhortó al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para evitar el robo de combustibles.

Los legisladores federales solicitaron a la Secretaría de Energía trabajar de manera conjunta con las empresas privadas que cuentan con ductos para la transportación de gas, a fin de robustecer la vigilancia, evitar el robo de combustibles e implementar mejoras tecnológicas que les permitan detectar tomas clandestinas y minimizar el riesgo en la población civil.

En la sesión de la Cámara de Diputados, legisladores de los distintos grupos parlamentarios presentaron 16 iniciativas de reformas a ordenamientos en materia de iniciativa preferente, juicios de amparo, deducción de impuesto sobre la renta (ISR), boletas electorales, seguridad pública, delito de tortura, hidrocarburos, juicio mercantil, residuos sólidos y libros de texto.

En su turno, Carlos Alberto García (PAN) planteó adicionar el artículo 76 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con la finalidad de que todas las autoridades actúen bajo los principios rectores de protección a los derechos humanos.

Así, propuso que en caso de violación manifiesta y recurrente a las garantías individuales en un procedimiento donde se ventile la posible transgresión a una garantía de orden constitucional, el tribunal de amparo lo comunique al organismo encargado de la protección de los derechos humanos correspondiente, para que se inicie el procedimiento respectivo.

Carlos Reyes Gámiz (vocero de la fracción parlamentaria del PRD) presentó la iniciativa para modificar el artículo 6 y adicionar el 99 bis a la Constitución Política para crear el Tribunal de Transparencia del Poder Judicial de la Federación que sería la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

Detalló que las resoluciones de los órganos garantes de las entidades federativas se resolverían ante este tribunal, que observará el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja de los solicitantes, y sus resoluciones serán definitivas e inapelables. La propuesta se canalizó a las comisiones de Puntos Constitucionales, a la de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Transparencia y Anticorrupción.

José Francisco Coronato (Movimiento Ciudadano) planteó reformar las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la de la Policía Federal, para que las evaluaciones y controles de confianza se basen en normas técnicas que garanticen la cientificidad y objetividad de los procesos apegados a los derechos humanos y del respeto a la dignidad de los mismos.

Enfatizó que es impostergable revisar las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales, para demostrar que los miembros de las corporaciones de seguridad cuentan con cualidades de honradez y honorabilidad. La propuesta se envió a la Comisión de Seguridad Pública.