Chilpancingo, Gro., 31 de octubre. Unos 700 habitantes de Olinalá, algunos armados con escopetas, instalaron barricadas en los cinco accesos a la cabecera municipal, entre ellos el que conecta con Puebla, para impedir el ingreso de la delincuencia organizada; además, impusieron toque de queda de las 22:30 a las 5 horas y suspendieron las clases.

El viernes pasado fue encontrado muerto un taxista que había sido secuestrado. El sábado, durante el sepelio, los pobladores se enteraron de que un grupo armado había levantado a un comerciante.

Entonces tomaron el ayuntamiento, desarmaron a los 16 policías municipales y en un domicilio donde presuntamente se alojaban los secuestradores incendiaron una camioneta, un automóvil y varias motocicletas.

Luego formaron la comisión de supervisión y vigilancia de Olinalá y dijeron que se vieron obligados a hacer justicia por propia mano porque los delincuentes extorsionan, desaparecen y matan en ese municipio de la Montaña de Guerrero sin que las autoridades actúen. Se trata de un levantamiento social ante el acoso de presuntos sicarios, dijeron.

Ese día, una fuente del gobierno del estado informó, con base en un reporte de Fidel Mejía Ruiz, comandante de la policía de Olinalá, que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron abandonada una furgoneta propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado. Más tarde se supo que el permisionario fue a Tlapa, donde compró refacciones para el vehículo. Ante esta información, los pobladores se retiraron del palacio y regresaron las armas, dijo la fuente.

Esa explicación fue retomada hoy por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien dijo no tener conocimiento de las barricadas y desmintió que el Ejército y la policía sean incapaces de enfrentar a la delincuencia.

Creo que no debemos actuar a la ligera, pensando que se ha rebasado a la autoridad. La revuelta del sábado, dijo, se debió a una camioneta abandonada.

Sobre la formación de una policía comunitaria con ciudadanos de Olinalá, Huamuxtitlán y Cualac, expresó: “Esto tiene origen en Huamuxtitlán, que propone que se integren (esos municipios) como zona de La Cañada, pero eso es otra cosa y no debe verse en función de los últimos acontecimientos.

(En Huamuxtitlán) no hay gente armada; el frente que están haciendo (en Olinalá) es un grupo ciudadano que no tiene una función específica, agregó.

Sin embargo, para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la situación en la zona de La Cañada es muy grave porque el pueblo ha rebasado a las autoridades municipales, estatales y federales por su incapacidad para garantizar la seguridad.

Recordó que desde hace tiempo el crimen organizado merodea en las rutas de Tlapa a Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, así como en aquellas que conducen a Huamuxtitlán, Cualac, Olinalá, Papalutla y Huitzuco “pero las autoridades no atendieron los reclamos de seguridad.

No fue fortuito que en la primera ruta ocurriera el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y varios secuestros y asesinatos de taxistas; además, hace 12 años fueron detenidas en Olinalá y procesadas personas relacionadas con la delincuencia organizada, recalcó.

Agregó que la región de la Cañada se encuentra en un proceso de insurrección contra la delincuencia organizada. Esto es bueno porque los ciudadanos toman en sus manos la seguridad, pero es malo porque se suplanta a las autoridades. ¿Para qué queremos autoridades que solamente vegetan?, agregó Barrera Hernández, quien consideró que el crimen organizado ya penetró las policías municipal y estatal.