l titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó ayer que el gobierno federal estaba al tanto desde hace meses de los presuntos nexos entre el crimen organizado y empresas mineras en Coahuila –denunciados hace unos días por el ex gobernador de la entidad Humberto Moreira–, y habló de que hay averiguaciones y hay investigaciones que se están realizando de manera conjunta por el gobierno del estado y por el gobierno federal en la materia.

Con independencia de los resultados que arrojen esas pesquisas, lo dicho por el funcionario es indicativo de la presencia de la delincuencia organizada en general, y del narcotráfico en particular, en una vasta cadena de actividades económicas que abarca industrias primarias, como la extractiva, pasa por actividades como el robo y comercio ilegal de combustibles y desemboca en las redes de lavado de dinero en el sistema financiero nacional e internacional. Como botones de muestra de esto último, debe recordarse que un reciente reporte del Senado de Estados Unidos indicó que entre 2007 y 2008 la filial mexicana de HSBC envió a oficinas de esa trasnacional en el país vecino unos 7 mil millones de dólares –cantidad que sólo podría explicarse con la inclusión de ganancias del narcotráfico– y que señalamientos similares han debido enfrentar instituciones financieras como Wells Fargo, Citigroup, Western Union, American Express y Banco Wachovia.

La presencia del crimen organizado en actividades económicas de distintos rubros y naturaleza llevan a concluir que ese fenómeno, además de generar vastas cuotas de violencia, descomposición institucional, sufrimiento social y humano, ha generado una grave distorsión en la economía nacional: en la lógica del modelo neoliberal vigente, es inevitable suponer que un número creciente de empresas consideradas respetables estén compitiendo por la captación de filones de dinero sucio; que la presencia de tales recursos expliquen, en alguna medida, el moderado impacto de la actual crisis financiera en la economía nacional y que el país experimenta una dependencia cada vez mayor de los recursos provenientes de actividades ilícitas.

Por lo demás, estos elementos se ven agravados por fenómenos de corrupción, como los que han sido revelados por este diario, en las oficinas de la Procuraduría General de la República, dependencia que realiza pesquisas entre sus funcionarios por irregularidades diversas, que van desde la no comprobación de viáticos hasta el pago millonario de seguros para aeronaves fuera de operación. Hasta ayer, dichas pesquisas habían derivado en el despido de 150 de los 780 empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos.

En suma, habida cuenta del grado de infiltración de la delincuencia organizada en la economía nacional y en las oficinas públicas, resulta insostenible la versión oficial de que la actual estrategia de seguridad ha causado severos daños a la criminalidad y ha fortalecido el estado de derecho: la evidencia disponible da cuenta, en cambio, de un encumbramiento de la primera y una alarmante disolución del segundo.