l conflicto de la UACM tiene muchas causas, pero una de ellas es la falta de discusión de las ideas y conceptos que han dirigido su construcción. Algunas personas con influencia determinante en la vida de esta joven universidad están en desacuerdo con su proyecto o con algunos de sus elementos. Sin embargo, esos desacuerdos no se han expresado de manera abierta. En cambio, con frecuencia se han adoptado posturas de resistencia silenciosa o simple descalificación sin argumentos, abonando con ello a un conflicto incubado hace tiempo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, públicamente, sin pudor, declaró el 7 de mayo de 2010 que la UACM no había sido merecedora de su apoyo, y la propia rectora Orozco expresó, meses después, su desaprobación al proyecto descalificándolo sin más como una hipótesis fallida, a pesar de haber participado durante nueve años, sin reparo alguno, en su puesta en marcha.

Sin duda, uno de los aspectos más controversiales de la UACM es un elemento del procedimiento de ingreso de los estudiantes: el sorteo. Para analizarlo es necesario tener en consideración cómo se concibió ese procedimiento. La propia Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece como un derecho de los estudiantes que se les haga un diagnóstico de las condiciones académicas con que inician sus estudios (artículo 6) y, por supuesto, para hacer ese diagnóstico es necesario examinarlos (observarlos atenta y cuidadosamente, dice el diccionario).

Pero ese examen no es ni un obstáculo para ingresar a la educación superior, ni se puede limitar a la aplicación de un cuestionario para separar a los que pasan de los que no pasan; está concebido como un servicio del que se desprenden las indicaciones de lo que el estudiante debe hacer para subsanar sus deficiencias y así comenzar bien sus estudios. De nuevo, es necesario señalar que es una acusación sin fundamento que en la UACM no se aplican exámenes. Examinar es una actividad prevista en los aspectos necesarios del proyecto de esa universidad, pero con finalidades y procedimientos opuestos a la atávica e inercial práctica de utilizarla para premiar y castigar.

El ingreso de los estudiantes a los estudios universitarios es un complejo proceso con implicaciones legales, pedagógicas, sociales y éticas. Es una aberración resolverlo con la aplicación de un cuestionario de opción múltiple y después dejar todo en manos de las computadoras, para las cuales los resultados del examen son un número y los estudiantes otro. Quienes han impuesto estos ramplones mecanismos de graves consecuencias ignoran la amplísima investigación realizada acerca de este complejo problema y las ricas discusiones que se están dando en otros países.

Como en otros temas educativos, es en los países de habla inglesa donde estas discusiones son más intensas y ricas. Basta ver, por ejemplo, la perseverante actividad de la AACRAO –American Association of Collegiate Registrars and Admission Officers (Asociación Estadunidense de Directores y Funcionarios de Admisión)–, organización con más de un siglo de trabajo y en la cual participan más de 2 mil 600 instituciones estadunidenses de educación superior. Junto a los intereses mercantiles y enfoques gerenciales que invaden a la educación en Estados Unidos, en estas discusiones están presentes valiosas perspectivas sociales y humanistas en el cumplimiento de una función que con frecuencia, en nuestro medio, es vista como mero asunto burocrático: la llamada administración escolar, cuyos encargados ejercen un poder omnímodo. Por supuesto, los criterios selectivos y excluyentes en la admisión de los estudiantes también están sometidos a una intensa discusión, y se exploran diversos mecanismos para generar una educación superior incluyente y de alto nivel académico. Particular interés tiene la discusión que se está dando ahora en la Suprema Corte de Justicia de ese país acerca de los criterios de raza que se aplican en las políticas afirmativas para la admisión de estudiantes a las universidades.

El criterio básico del sistema de ingreso de los estudiantes a la UACM es reconocer el derecho a la educación superior de todas aquellas personas que tienen certificado de bachillerato. En nuestro país, los estudiantes pueden recibir su título profesional, y la cédula profesional de la SEP, habiendo logrado en su bachillerato un promedio de seis en sus calificaciones y sin pasar un examen de admisión; pueden realizar sus estudios en alguna de las múltiples instituciones privadas que no aplican examen de admisión y no exigen promedio mínimo de bachillerato, con la condición de que paguen inscripción y colegiatura. Cabe preguntar: ¿es legal y equitativo excluir de la educación superior pública a jóvenes que por carecer de recursos para pagar educación privada no pueden salvar el impedimento impuesto por los resultados del examen de admisión o el bajo promedio del bachillerato?

Sin duda, muchos estudiantes no están suficientemente preparados para emprender una educación de nivel licenciatura, a pesar de tener certificado de bachillerato; muchos han sido engañados por el sistema escolar. Es, pues, injusto un sistema que los desahucia escolarmente y los culpa de sus deficiencias. Lo justo es, como establece la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hacer un diagnóstico de las condiciones académicas con las que llegan a la universidad y darles las indicaciones de lo que han de hacer para subsanar sus deficiencias.

En la UACM se reconoce el derecho de todas las personas que concluyeron su bachillerato a realizar estudios de nivel superior. Todos los que cumplen este requisito y solicitan su ingreso a esta universidad están aceptados. Sin embargo, dadas las limitaciones de espacio, la UACM acude al sorteo para decidir quiénes inician sus estudios en el año escolar inmediato y quiénes quedan en una lista de espera para el curso siguiente. El sorteo no es, pues, la condición para ser aceptado, sino sólo un mecanismo de calendarización del inicio de los estudios. Esta medida también ha sido cuestionada desde la perspectiva de la justicia, asunto complejo que en este espacio analicé el 19 de mayo de 2010 a partir de la necesaria distinción entre logros y méritos.

El Gobierno del DF y la rectora Orozco tienen una grave responsabilidad en el origen y evolución del conflicto de la UACM. Tienen la obligación de apoyar este proyecto, o combatirlo abiertamente con argumentos y por las vías legales.