a lucha por la reforma política del Distrito Federal, que dote a la capital de una constitución propia y la iguale con otras entidades de la República, se inició, una vez más, ayer, en una reunión en la que el jefe de Gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, trató de convencer a los mismos intereses –senadores de PRI y PAN– que han impedido la reforma, de que ahora sí deben abrir el camino para dar a la ciudad de México todos los derechos que como entidad federativa le corresponden.

La pregunta, sin embargo, no es si se tiene o no que dotar de todos sus haberes y deberes a la ciudad en la que se asientan los poderes de la República, sino por qué no se le ha permitido una vida política y administrativa igual a la que detentan las otras entidad del país. Y eso, las trabas que uno y otro partidos han puesto a esta reforma, siguen allí, con los hilos, por ejemplo de la administración de los recursos financieros federales, en la mano para tratar de manipular los destinos del DF.

Esta lucha, que lleva ya cerca de dos décadas, derribó poco a poco todos los argumentos que oponían sus detractores; ahora sólo queda la injusticia como sostén de una inconcebible forma de ver el desarrollo de una comunidad, de las más grandes, de las más importantes, de las que más dinero aportan. Para medir el tamaño de la injusticia es importante decir que por cada peso que los ciudadanos de la capital aportan a la Federación, ésta sólo les regresa ocho centavos.

Y cada año es lo mismo. Los funcionarios electos por los habitantes del Distrito Federal se convierten casi en limosneros y tienen que ir de curul en curul, por decirlo con exageración, para convencer a los legisladores que no permitan que desde la Secretaría de Hacienda o desde Los Pinos se continúe con la injusta distribución.

Pero es más que eso. Bien se podría decir que existe una especie de venganza en contra de la gente de la ciudad de México, y es que no dotar de recursos justos a la capital maniata parcialmente al gobierno, en busca de desacreditarlo, pero pega, principalmente, en los servicios que requiere esta ciudadanía, servicios que, además, paga con sus impuestos.

Por eso era necesaria la aclaración de Marcelo Ebrard en el acto inaugural de la línea 12 del Metro. Recordarle a Calderón que su gobierno nada más aportó por ahí de 2 mil millones de pesos. No fue casual, era necesario ante la injusticia, pero con el cinismo que caracteriza a los azules, Calderón habló de una cifra que simplemente no encaja con la realidad. Por eso también la decisión del jefe de Gobierno de no invitar al residente de Los Pinos a la entrega de la obra a los ciudadanos, al pueblo. Se cumplió con el protocolo, pero no se le invitó a la fiesta.

Miguel Ángel Mancera ahora empieza, de hecho, su gobierno con un acto de alto significado, pero aunque los legisladores a los que enfrenta no son los mismos, los intereses, el sentimiento de venganza hacia una población que decide tomar por la izquierda su vida política, y que rechaza a los gobiernos de derecha, es un hecho. Tal vez no son los mismos, pero representan lo mismo, y eso lo debe tener bien claro el jefe de Gobierno electo.

Todavía hay mucho que hacer en el DF y la mayoría de los problemas requieren de dinero para resolverlos; ojalá Mancera lo use precisamente para ello, y no para enriquecer a las grandes compañías que esperan con ansias llevarse la gran tajada del pastel a costa de las contribuciones de los ciudadanos. ¡Aguas!

De pasadita

El fuego en la UACM sigue sin extinguirse y la mecha se sigue acortando. Está claro que a la señora Orozco y sus orozcos poco les importa lo que pasa en esa casa de estudios, pero es curioso que exista una universidad privada que plantea que quienes no puedan, por cuestiones de trabajo o de cualquier otra índole, cursar normalmente el periodo escolar, lo pueden hacer en el tiempo que mejor les acomode, sin menoscabo de su proyecto de titulación. Esto, claro, mediante las cuotas necesarias. Algo así es lo que destruyó o trata de destruir la rectora, quizá porque en la UACM se trata de los que no pueden pagar colegiaturas.

Por cierto, qué pasa con las autoridades judiciales. La señora Orozco ya aceptó que no tiene título y el reglamento universitario impide que alguien sin ese requisito tome las riendas de la escuela. ¿No sería valioso que la señora renunciara antes de que le caiga la ley?

Capital 21

Hacia finales del mes Ebrard inaugurará el canal de televisión de la ciudad de México, que dirigirá, hasta donde se nos ha dicho, Marcela Gómez Zalce, una de sus más cercanas colaboradoras.