Los sistemas de justicia indígena tienen mucho qué aportar en la materia, sobre todo en cuanto al respeto a los derechos humanos, la integración de transgresores y el acotamiento de la impunidad; sin embargo, sufren constante asedio y persecusión y en muchos casos sus resoluciones no son tomadas como válidas por las autoridades, sino que se les relega a decisiones de asuntos menores, coincidieron expertos en el tema.

Durante el foro Sistemas de Justicia Indígena en México, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Magdalena Gómez, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y articulista de La Jornada, indicó que debido a que la justicia nacional ha evidenciado importantes fallas estructurales, sobre todo en relación con el respeto a los derechos humanos para la ciudadanía de a pie, deberían valorarse las virtudes del sistema de justicia indígena, el cual, afirmó, se encuentra ante el asedio del Estado, que en el contexto del neoliberalismo se convierte en defensor del capital.

Hay que voltear hacia el sistema de justicia indígena; estos espacios constituyen un asidero de resistencia ante el avance del actual sistema económico, añadió.

La abogada lamentó las dificultades que enfrentan las comunidades para hacer valer sus sistemas de justicia, pues muchas autoridades consideran que en las comunidades se usurpan funciones y se violan derechos humanos, por lo que tienden a no reconocerse sus resoluciones.

María Teresa Sierra, experta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, afirmó que luego de la reforma en materia indígena de 2001 se han dado dos grandes tendencias, una en la que el Estado reconoce ciertos espacios de justicia, como en Oaxaca y San Luis Potosí, y otra en la que se construyen nuevas instancias, un nuevo modelo de justicia indígena surgido desde el Estado, y ésta se trata de una justicia acotada y subordinada, dedicada a asuntos menores, a la que se confiere sólo el carácter de mediación.

Gilberto López y Rivas, académico y articulista de este diario, destacó que las autonomías son una respuesta estratégica de los pueblos originarios en su lucha por conservar su autoridad y de enfrentarse en últimas fechas a un “Estado que ha devenido en un tipo de Estado delincuencial penetrado por el narco”. Resaltó el caso de Cherán, comunidad que ante la inacción gubernamental se organizó para defender sus bosques del crimen organizado y resaltó la importancia de las alianzas que se tejen entre diferentes autonomías.

Flora Gutiérrez, abogada y defensora de derechos humanos, se refirió a la participación de las mujeres indígenas en los procesos de justicia y señaló que al respecto ha habido avances.