egar las bondades de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables rayaría en la estulticia, y más en estos tiempos de crisis climática global, donde el gigantesco consumo de combustibles fósiles es uno más de los actos suicidas a los que nos ha conducido la locura neoliberal. Sin embargo en nuestro país la generación de energía mediante la fuerza del viento y en particular la que se produce en la región del istmo de Tehuantepec ha creado una serie de mitos propalados sin ningún rubor por las empresas trasnacionales y por los gobiernos federal y el estatal de Oaxaca.

Tierras improductivas. Una forma de justificar el despojo de tierras que han sufrido ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios es decir que las tierras donde se han establecido 11 parques eólicos son improductivas. Apenas hace unos meses en un anuncio publicitario del gobierno federal se machacaba que ahora en el Istmo se generaba energía donde antes no se producía nada. En mayo de 2010, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, reiteraba casi eufórico en la inauguración de un parque eólico que le entregaría electricidad a Wall Mart: Donde antes había tierras estériles, hoy tenemos un bosque de energía. Esa cantaleta ha sido repetida hasta el absurdo y sólo encubre un engaño.

El parque Eurus ubicado en mil 050 hectáreas del ejido La Venta se estableció en un distrito de riego, donde se produ-cían anualmente alrededor de 12 mil toneladas de alimentos. Hoy sólo produce electricidad barata y limpia para una industria sucia como es la cementera Cemex. Cerca de ahí, en las tierras del poblado Ingenio Santo Domingo, durante muchos años se produjo un promedio por zafra de más de 40 mil toneladas de caña de azúcar, las cuales ahí se procesaban; hoy el ingenio se encuentra cerrado y no pudo ser reabierto ya que el parque eólico se ubicó en donde antes había cañaverales. Sobra decir que el poblado luce semivacío y mucha gente se queja por ello.

Energía limpia. Nadie duda que la energía eólica es una forma limpia para generar electricidad, pero en el caso del Istmo hay algo sucio pues basta preguntarse dónde se depositan los 300 litros de aceite que lubrican los rotores de los cerca de 700 aerogeneradores que operan actualmente en esta región. Es cierto y preocupante el señalamiento que hacen los pescadores binniza del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo cuando reportan la repentina aparición de manchas de aceite en la Laguna Superior.

También habría que preguntar a los maestros y alumnos de las escuelas próximas a los parques eólicos si la creciente baja de rendimiento en el desempeño escolar tiene relación con la proximi- dad de los llamados ventiladores. El ruido afecta y estresa a los vecinos y hasta los campesinos relatan que las vacas están malpariendo y ya no producen como antes.

Y limpia, decir limpia, no lo es, ya que según los vecinos de Unión Hidalgo, La Venta, Ingenio y La Ventosa, cada mañana aparecen por los caminos y las parcelas los restos de aves despedazadas por las aspas de los aerogeneradores.

El tramposo estudio de impacto ambiental que elaboró a la medida de la empresa contratante un pseudo académico del Instituto de Ecología de Xalapa, olvidó reseñar que el Istmo mexicano es una de las principales rutas migratorias de aves en el mundo; solamente lo transitan en las noches de otoño 800 mil animales. Casi nada.

La inversión extranjera trae progreso. Aunque se desconoce el monto real de la inversión extranjera directa aplicada a la construcción de estos parques, ya que se habla de entre mil 500 y 3 mil 600 millones de dólares, es claro que los principales beneficios se los están quedando las grandes empresas extranjeras como Iberdrola, Windpower o Vestas, que son las fábricas que proveen los aerogeneradores. También han hecho el negocio de su vida los operadores inmobiliarios, que han recorrido los pueblos ofreciendo hasta cien pesos al año por hectárea a los campesinos para que aparten las tierras, mismas que después serán contratadas por las grandes compañías.

Parte importante del negocio lo han tenido los operadores y caciques locales, lo mismo del PRI que de la antaño combativa Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, pues los presidentes y agentes municipales, líderes transportistas y comisariados han recibido su tajada por expedir permisos, simular asambleas y operar el engaño con el fin de que los campesinos –en su mayoría indígenas y analfabetos– arrienden sus tierras a través de contratos por demás leoninos.

Los términos de la contratación son diferentes en función de la empresa y de las condiciones de negociación del campesino afectado, sin embargo todos los contratos comprenden un periodo de 25 a 30 años, en los cuales el campesino puede acceder a sus tierras pero con una gran cantidad de restricciones, lo cual en los hechos es simplemente un despojo legalizado.

Decenas de campesinos se han convertido en rentistas y reciben diferentes montos por el arrendamiento de sus tierras. Por ejemplo, por el concepto de pago de derecho de viento por una hectárea en La Venta actualmente se pagan al año 7 mil 200 y por hectárea donde se establece un aerogenerador puede variar el pago entre 11 mil y 22 mil 500 pesos al año.

En algunos parques, como los establecidos en La Ventosa, algunos propietarios han venido recibiendo además una participación por energía producida y facturada del 1.3 por ciento, siendo esta 10 veces menor al porcentaje de participación que recibe un propietario en Holanda, Dinamarca o los Estados Unidos. Negocio redondo.

Y más negocio redondo cuando las empresas trasnacionales se apoderan de los llamados bonos verdes (GEF). En el caso del parque La Venta II, la española Iberdrola recibió la cantidad de 25 millones de dólares. En todos los casos las corporaciones, a través del clausulado de los contratos, reciben para sí los estímulos que brinda el Banco Mundial, ya que la generación de electricidad por medio del viento se considera un mecanismo de desarrollo limpio (MDL).

Y son tantos los beneficios que deja el megaproyecto eólico del Istmo, que ni siquiera las 8 empresas que operan los 11 parques pagan el impuesto predial a los empobrecidos municipios de la región, ya que en todos los casos su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la ciudad de México.