Ciudad Juárez, Chih., 2 de noviembre. Unas 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que defiende a Israel Arzate Meléndez, acusado por el gobierno estatal de haber participado en la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar, en 2010– informaron que de 6 mil 778 quejas presentadas por tortura entre noviembre de 1999 y julio de 2012 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sólo 198 derivaron en recomendaciones.

Lo anterior –dijeron–, según un reporte del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura, con sede en Ginebra, que calificó de parcial y poco precisa la información aportada por el Estado mexicano en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura en el país.

El reporte cita que “al concluir el pasado jueves las audiencias de sustentación, la delegación mexicana –conformada por 30 personas– brindó información parcial y poco precisa como respuesta a los cuestionamientos emitidos por quienes integran el comité de la ONU”.

En cuanto al uso de la figura del arraigo –señala–, justificó su aplicación, al destacar que es una medida necesaria en el contexto del combate a la delincuencia organizada.

La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Ruth Villanueva Castilleja, quien encabezó la delegación nacional, insistió en que el arraigo es una medida cautelar, extraordinaria y temporal, con fundamento constitucional.

El documento señala que en al menos dos ocasiones, integrantes del comité de la ONU señalaron a los representantes mexicanos que no habían obtenido respuesta a sus preguntas.

Durante la audiencia, los emisarios del gobierno de Felipe Calderón destacaron la recién aprobada Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y reconocieron la labor de quienes defienden las garantías fundamentales.

Sin embargo, omitieron responder acerca de las investigaciones para esclarecer los ataques y agresiones contra activistas, entre los que incluye el asesinato de 61 defensores de derechos, de 2006 a 2010.

Tampoco respondieron acerca del valor de peritajes independientes aportados por las víctimas o los organismos públicos, ni a las preguntas sobre el procedimiento para monitorear la calidad de los peritajes.

El comunicado del Comité contra la Tortura fue avalado y firmado por más de 30 organismos nacionales y regionales.