A 10 días de la destrucción de las boletas de los comicios de 2006 y 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó haber recibido una petición de la Organización de las Naciones Unidas para que aplace la trituración del material de hace seis años, en tanto se hace un análisis sobre el particular.

Para el caso de la papelería del primero de julio pasado, no hay hasta el momento alguna resolución suspensiva, por lo que la trituración de los materiales iniciará el 12 de noviembre.

La semana entrante (o a más tardar a principios de la siguiente) el Consejo General del IFE deberá responder a la petición de la medida precautoria planteada por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Aceptar esta moción, señalaron consejeros electorales, significa que el IFE deberá seguir pagando la renta de las 32 bodegas en las que se hallan los votos de la polémica contienda de 2006.

A su vez, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina tendrían que preservar la custodia de las bodegas, lo cual también representa gastos.

La eventualidad de aceptar la moción suspendería la destrucción de boletas por un tiempo aún no determinado, esto es, en tanto la ONU responde si admite la petición de un medio de comunicación mexicano (el semanario Proceso).

Los consejeros afirman que aun cuando alguna instancia ordene que se suspendan de la trituración, las boletas se conservarían pero nadie tendría acceso a las mismas, pues el riguroso resguardo está determinado por el código electoral y los resolutivos que quedaron firmes en ese sentido, lo mismo del tribunal electoral que del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales.

Los lineamientos aprobados por el IFE dictan el cronograma de preparativos y ejecución de la destrucción de votos válidos, nulos y las boletas sobrantes de las dos recientes contiendas presidenciales.

No es orden: consejero

Por estos días se estará contratando a las empresas que se encargarán de destruir las boletas y las autoridades locales deberán recibir los recursos necesarios, a fin de que la operación se haga efectiva entre 12 y 26 de noviembre.

Consultado al respecto, el consejero Alfredo Figueroa subrayó que la medida precautoria es una solicitud de la ONU mas no una orden. Sin embargo, dijo, el Consejo General analizará el tema.

Se solicitó al Estado mexicano que no se destruyan (las boletas) hasta en tanto no haya una admisión o desechamiento de esa materia (solicitud de la revista), indicó.

Comentó que el análisis del IFE deberá ser muy preciso porque están ante el ejercicio de un derecho; aseguró entonces que la decisión del Consejo General será tomada antes del 12 de noviembre.

Recordó que la oficina del alto comisionado se inserta en el ámbito de la ONU, la cual no tiene un tribunal, a diferencia de la Organización de Estados Americanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el caso ya fue analizado y desechado.

El Consejo General debe tomar en cuenta lo que se ha planteado; esto no quiere decir que ya diga en qué sentido va a votar, agregó el consejero en entrevista.