De 20 mil 958 títulos de concesión para explotar minas de carbón en Coahuila, más de 9 mil no paga impuestos, 5 mil 522 están duplicados y bajo nombres falsos y 272 no aparecen en el padrón, lo que significa que hay miles de pocitos abiertos donde no hay control de las autoridades y pueden ser parte de las empresas que se dice están bajo el control del crimen organizado, comentó la senadora perredista Dolores Padierna Luna.

La legisladora, quien impulsa la creación de una comisión que indague las graves irregularidades en materia legal y laboral que se dan en ese sector, rechazó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tenga responsabilidad en la operación de narcoempresas que comercializan carbón, como la paraestatal aseguró la víspera.

Padierna recalcó que la CFE argumenta que sólo compra carbón a tres compañías. Una es Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), empresa estatal que actúa como intermediaria, ya que adquiere la producción de pequeñas y medianas empresas y luego la vende a la paraestatal.

El problema es, expuso, que Prodemi compra el carbón a empresas que no están en el padrón de la Dirección General de Minas.

El acuerdo entre CFE y Prodemi tuvo como objetivo fortalecer las normas de seguridad e higiene en las minas de carbón, pero es obvio, a la luz de las declaraciones del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, que eso no se cumplió.

Dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una amplia investigación en la zona carbonífera de Coahuila en 2010 y detectó que el padrón minero presenta anomalías: hay 9 mil 127 títulos de concesión que no están dados de alta en el Registro Federal de Causantes, lo cual significa que no pagan impuestos.

Es grave que incumplan con el fisco, pero es más grave que estén en la ilegalidad.

Agregó que la pesquisa de la ASF dejó al descubierto también que hay 4 mil 966 títulos de concesión duplicados, es decir, son falsos, y 556 títulos con nombres incompletos, con alias, lo que indica que pueden ser prestanombres.

En otros casos, explicó, sólo se cuenta con los registros de titulares sin distinguir la transmisión de derechos, de una mano a otra, y “resulta que Prodemi no tiene esos cambios; en sus registros sólo aparece el titular.

“La ASF reporta que hay mil 121 títulos de concesión, de los cuales 272 no aparecen en el padrón, o sea que, además de no ser confiable, hay pozos de carbón que, entre comillas, ‘no son de nadie’, y esta irregularidad, esta opacidad y este desorden administrativo es lo que hace pensar que todos los pocitos abiertos, donde no hay control de las autoridades, son los que ha tomado la delincuencia organizada.”

En Coahuila han proliferado los pocitos y grupos que al margen de la ley, sin permisos ni autorizaciones, extraen carbón en forma rudimentaria, sin cumplir las medidas de seguridad que ordena la ley, y sin registrar a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Advirtió que la CFE debería saber de dónde provienen las compras (que hace) para producir gas, pero el problema es que no aplica la Ley de Adquisiciones para comprar el carbón, ya que no lleva a cabo licitaciones.

Detalló que hay muchas más irregularidades, entre ellas que Promotora Minera de Sonora le vende a Prodemi el carbón a 760 pesos la tonelada, pero ésta lo cobra a CFE a 900 pesos.

A su juicio, la ASF debe practicar una auditoría a la CFE en relación con las empresas a las que compra carbón e indagar el procedimiento de adquisición, porque no se hace mediante licitaciones públicas.

La legisladora perredista confió en que el Senado apruebe la próxima semana que se integre una comisión especial que investigue lo que ocurre en las minas de carbón, elabore una nueva ley minera y trabaje en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo necesarias para proteger a ese gremio.