Puebla, Pue., 2 de noviembre. Para combatir los delitos que se cometen con armas de fuego y hacer eficiente la persecución de los presuntos responsables de estos ilícitos, los procuradores de todo el país solicitarán al Congreso de la Unión que modifique la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que sea obligatorio que todas las armas que estén en poder de particulares y empleados de empresas de seguridad privada dejen su huella balística en una base de datos.

Como parte de las conclusiones de la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dio a conocer la petición que formularán al Congreso federal en materia de armas, ya que en la actualidad, solamente los policías del país y los militares están obligados a que sus armas dejen su huella balística en una base de datos que permite detectar cuándo un arma oficial puede estar involucrada en un delito.

Fiscales y procuradores acordaron que, para dar atención integral de la problemática delincuencial y de los flujos migratorios en la frontera sur pedirán a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores que analicen y mejoren las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del territorio nacional, así como adopción de mecanismos biométricos para quienes ingresen en el país.

De igual manera gestionarán el incremento de elementos de las fuerzas federales en la frontera sur, para garantizar acciones contundentes en las labores de protección en esta región del país y que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, les otorgue presupuesto para efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la plataforma tecnológica para un mejor control migratorio y el combate a la delincuencia en esa zona.

Además de aprobar varios protocolos de actuación en contra del narcomenudeo, en casos de secuestro y la trata de personas, buscarán que los congresos locales reformen sus leyes y disminuyan los plazos para realizar las declaratorias ausencia y fallecimiento de familiares de personas y servidores públicos que hayan sido víctimas de la delincuencia.

Finalmente, acordaron que los gobiernos estatales modifiquen sus normas relacionadas con la entrega de actas de nacimiento para que aquellas personas que sean testigos o víctimas en casos de secuestro y trata de personas puedan obtener cambios de identidad para protegerlos de sus victimarios.