El tribunal federal de distrito del sur de California, Estados Unidos, dio curso a una demanda contra la trasnacional Sempra Energy por el delito de despojo contra el ciudadano mexicano, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, a quien le fue arrebatado con subterfugios legales un enorme terreno en la costa de Ensenada, Baja California, donde ahora se asienta una planta regasificadora de la empresa.

A la fecha, un juez federal mexicano ordenó que esos terrenos le fueran restituidos a Sánchez Ritchie –y a pesar de ello Sempra Energy no los ha devuelto, con el agumento de que sobre ellos se asienta una edificación de mil 200 millones de dólares– y además fue exonerado de la acusación de fraude.

Así en el documento oficial firmado por la juez federal de distrito en San Diego, California, Cathy Ann Bencivengo (del cual se tiene copia), la autoridad judicial estadunidense echó abajo los alegatos de Sempra Energy contra el señor Sánchez Ritchie –un propietario originario de la costa de Baja California que tuvo la desgracia de poseer los terrenos que apetecía la trasnacional–, a quien se le acusaba absurdamente de haber cometido fraude contra esa empresa.

Ahora el tribunal estadunidense anunció que iniciará el proceso por despojo y fraude, pero contra Sempra Energy, al considerar que las pruebas que aportó el ciudadano mexicano desde hace dos año sí acreditan los delitos de la trasnacional, además de haber causado graves afectaciones a la salud de Sánchez Ritchie, quien en defensa de su patrimonio enfermó gravemente y padeció importantes problemas de índole familiar, así como persecución y espionaje.

De tal forma, la juez Bencivengo ordenó lo siguiente: Según el demandante, la atención de los medios a este caso en contra de Sempra sugiere que el público está interesado en una resolución expedita sobre el fondo.

La juez concluye que la revelación de pruebas en esta acción se ha suspendido por bastante tiempo. Después de haber presentado su denuncia inicial hace más de dos años ha llegado el momento de que el caso proceda sobre el fondo.

La trasnacional había pretendido en tres ocasiones que las autoridades judiciales de Estados Unidos desecharan el caso; no obtante, tras un análisis de dos años se llegó a la conclusión que el demandante tiene razón en su alegato para que Sempra Energy le devuelva los terrenos en cuestión.

Sánchez Ritchie tuvo que enfrentar la connivencia de autoridades mexicanas con la empresa, hecho que fue evaluado por la justicia de Estados Unidos, que tomó una determinación favorable al connacional.

El documento firmado por la juez reafirma la determinación de que existen suficientes elementos para una demanda por procedimiento doloso.

Bencivengo señala que el procedimiento civil debe contempalr el interés del demandante en proceder con prontitud en este litigio, pues cualquier retraso implica un perjuicio potencial.

El documento del tribunal estadunidese dice: El demandante tiene un gran interés en proceder con prontitud con la revelación de pruebas que se ha retrasado por más de dos años. Dada la edad del demandante y las pruebas que el debe presentar para probar su caso, el peligro de que permanezca el caso suspendido indefinidamente es muy superior a la obligación consiguiente.

También, “basado en los registros actuales de los tribunales mexicanos, la juez considera demasiado especulativo determinar que estos ayudaran a probar o refutar los distintos elementos de procesamiento doloso aquí… Asíi la petición de el demandado buscando la suspensión o descarte de esta acción, es negada”.