El Distrito Federal requiere cerca de 11 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto para echar a andar el sistema acusatorio, el cual considera los juicios orales, consideró el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, quien aclaró que por tratarse de una reforma constitucional corresponde a los diputados federales otorgar el dinero.

No se pueden hacer reformas sin recursos, que es lo que está pasando, advirtió, y a manera de ejemplo citó el caso de Chile. Lo que se pagó es equivalente al tamaño del Tribunal Superior de Justicia del DF (pero se) previeron los recursos.

Al participar en la inauguración del congreso nacional La nueva justicia penal en México, Ebrard Casaubon explicó que tales recursos se destinarían a tres grandes capítulos: infraestructura; preparación y capacitación de todas aquellas personas que intervienen en el proceso, y trabajo de las policías especiales.

En entrevista posterior, Ebrard Casaubon amplió que estos recursos tienen que ser adicionales al presupuesto del Gobierno del DF, porque de lo contrario de dónde sacas 11 mil millones de pesos; de por sí al Distrito Federal le han quitado todo lo que han podido.

De su lado, el jefe de Gobierno electo del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que se analizará la posibilidad de solicitar la participación de la iniciativa privada en este rubro, como sucedió en la experiencia chilena.

Entrevistado luego de su participación en el citado Congreso, explicó que el apoyo de recursos privados se puede dar en la infraestructura que se requiere para la oralización de la justicia en la ciudad de México, al tiempo que, agregó, también se solicitará el apoyo del gobierno federal.

Mancera Espinosa confió en que se cumplirá el término de ley para la implementación de la reforma penal, al tiempo que se pronunció por aprovechar otras experiencias y trabajar en concordancia con el proyecto del gobierno federal para sistemas acusatorios.

Por su parte, el titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, manifestó que en la implementación de la reforma penal se está avanzando a paso lento pero firme, aunque advirtió que en este proceso se requiere una importante inversión a la que el Gobierno del DF no puede hacer frente solo.

Elías Azar cuestionó que, aparejado con la reforma, el Poder Legislativo no haya calculado los impactos financieros que su implementación implicaría, pues es una invitación a la ineficiencia y a acciones nugatorias de justicia.