De los mil 274 expedientes contra militares colombianos por ejecuciones de civiles, presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la Procuraduría General de la Nación, cerca de 800 fueron suspendidos por supuestas imprecisiones en los llamados falsos positivos.

El diario colombiano El Tiempo señaló que los “expedientes catalogados como homicidios en persona protegida en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos difiere en casi 800 casos con el informe que entregó el jefe del organismo, Alejandro Ordóñez, a la ONU en septiembre de 2009".

Según el procurador delegado para los Derechos Humanos en lo Disciplinario, Jorge Durán, las ejecuciones arbitrarias reportadas a la ONU contienen algunos datos incorrectamente referidos a los casos de homicidio en persona protegida para el año 2009: No corresponde a un levantamiento completo y serio de la información.

Ordóñez ordenó en octubre de 2010 que sólo en la etapa del pliego de cargos (equivalente a una acusación disciplinaria) los hechos pueden pasar a ser catalogados como homicidios cometidos por militares en el marco del conflicto armado, a (hechos) violatorios del Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, una fuente no identificada citada por el diario, advirtió que en la práctica los casos disciplinarios quedan como homicidios simples o muertes en combate. Y con ese rótulo la mayoría son devueltos a las oficinas de control interno de las unidades militares.

Recientemente, el fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtió que los pobres resultados en las investigaciones por falsos positivos, como llama la prensa colombiana a ejecuciones de este tipo obligarían a una intervención de la Corte Penal Internacional.

Las ejecuciones militares de civiles llamaron la atención en 2008 cuando se descubrió que unos jóvenes encontrados muertos y acusados de pertenecer a grupos armados ilegales, eran desempleados y drogadictos desaparecidos de un municipio contiguo a Bogotá.

Familiares de las víctimas señalaron que ellos habían sido contactados por desconocidos que les hicieron ofertas de trabajo en otros lugares del país.

La fiscalía determinó que dentro del ejército operó una red dedicada a buscar jóvenes para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.

Con esos falsos positivos, los militares comprometidos en las irregularidades buscaban el reconocimiento de sus superiores y premios como días de descanso.

Según cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3 mil víctimas en Colombia y al menos mil 622 investigaciones que involucran a casi 4 mil miembros de la fuerza pública.