Las principales limitantes de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) es la falta de presupuesto suficiente y carecer de facultades para investigar los agravios que denuncian quienes han padecido los efectos de la violencia, señaló Sara Irene Herrerías, titular del organismo.

Durante una reunión celebrada ayer con los diputados perredistas Carlos Augusto Morales, Joaquina Navarrete y Carlos Reyes Gámiz –en el contexto del primer aniversario de Províctima–, la funcionaria señaló que las acciones de la entidad a su cargo se ven limitadas por falta de recursos económicos.

Siento que la mayor frustración que tienen las víctimas es que no les podemos dar dinero en efectivo cuando sufrieron un delito que afectó su patrimonio, pero no tenemos un fondo para ello, lamentó la funcionaria.

Por otro lado, Províctima carece de facultades para investigar y dar seguimiento a los delitos de alto impacto, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura; sólo puede brindar atención primaria con trabajadores sociales, médicos, abogados y sicólogos, así como gestionar becas escolares, créditos hipotecarios o acceso a programas sociales.

Acompañada por el suprocurador jurídico de Províctima, José Antonio Pérez Bravo, y el secretario ejecutivo, Hugo Arévalo Martín del Campo, Herrerías se negó a calificar a Províctima de organismo fracasado o que duplique funciones, e insistió en que el otorgamiento de más recursos ayudaría mucho a hacer más eficiente su trabajo.

Durante la reunión con los legisladores perredistas, Herrerías explicó que en su primer año de existencia Províctima ha atendido a más de 11 mil personas de forma presencial en los centros que tiene en 15 estados, y a otras 10 mil 500 mediante su call center.