Familiares de desaparecidos iniciaron ayer un plantón en la entrada principal de la Secretaría de Gobernación para exigir al titular de esta dependencia, Alejandro Poiré, una reunión inmediata –junto con la procuradora general de la República, Marisela Morales– para que se informe el estado de las investigaciones de las personas ausentes.

A un año del encuentro del presidente Felipe Calderón con el Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad, señalaron que las autoridades han fallado en su trabajo; se han conducido con ineptitud e indiferencia, lo que deriva en un estado grave de impunidad.

Lamentaron que ante el asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, los gobiernos federal y estatal movilizaron a toda su estructura y en unos cuantos días identificaron a los homicidas.

“En cambio, a un año del encuentro con Calderón, no hemos tenido avances; por el contrario, hay un gran retroceso en cuanto a las investigaciones. Es por ello que pedimos la intervención del secretario de Gobernación.

Si él en tres semanas pudo resolver el homicidio del hijo de Moreira Valdez, en un mes puede atender las demandas y la exigencia de las familias, señaló Malú García Andrade, defensora de derechos humanos y familiar de la activista asesinada Norma Andrade.

Aquí tenemos casos de negligencia y omisión –como el de Julio Alberto Josué López Alonso, de 24 años, quien desapareció en Nuevo León el 12 de enero de 2008– en los que no existe ni un expediente completo, pese a que la demora e ineficiencia de las autoridades se hizo del conocimiento del presidente Calderón.

Señalaron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, este miércoles iniciarán una huelga de hambre; por lo pronto, tres de los familiares de desaparecidos hicieron un ayuno de 12 horas, en dos pequeñas carpas instaladas en la entrada principal de Gobernación.

En los documentos entregados a la oficina de Poiré están casos de Nuevo León, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Distrito Federal, Morelos y Veracruz, entre otros.

En la pretendida cita con los funcionarios, las madres, hermanos y demás familiares de desparecidos pedirán un informe por escrito de las sanciones a los servidores públicos negligentes.

Además, solicitarán la instalación de mesas de trabajo con los gobernadores y procuradores responsables de los casos planteados; que sean colocados espectaculares de los desaparecidos y/o asesinados en los que se ofrezca una recompensa para dar con los responsables de los ilícitos.

Otros casos referidos en el escrito entregado en Bucareli son los de Yadira Gudalupe Bahena, de 19 años, desaparecida el 13 de abril de 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; Carlos Palomares Maldonado, de 36 años, desaparecido en el Distrito Federal el 22 de septiembre de 2010, y Saúl Armando Romo, de 30 años, desaparecido en Nuevo Laredo.

De igual forma, Gabriela Arlene Benites Ybarra, de 17 años, asesinada en Jalapa, Veracruz, el 23 de septiembre de 2011; José Luis Arana Aguilar, desaparecido en Guadalajara; Alejandro Rodríguez González, 32 años, desaparecido en San Luis Potosí, entre otros.

En tanto, en un comunicado, las madres de desaparecidos rechazaron las frases con las que, afirman, las autoridades hacen referencia a sus casos: se fueron por su propia voluntad, ellos se lo buscaron, es culpa del crimen organizado y otras, con base en las cuales intentan disfrazar su ineptitud.