Proliferación de concesiones mineras en la última década, especulación urbanística y políticas agropecuarias que privilegian el mercado de agroquímicos y el monocultivo son algunos de los temas que planteó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en la denuncia que llevó a la audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua que se realiza en Buenos Aires, Argentina.

La ANAA demandó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en territorio nacional.

Pidió al Tribunal Latinoamericano del Agua que condene al gobierno mexicano y a las autoridades respectivas por la situación del líquido en el país y eleve la condena a la Organización de Naciones Unidas, invitándola a que envíe un visitador internacional para que reconozca, evalúe y, en su caso, denuncie la crisis ambiental nacional.

En el documento presentado por Raúl García, en representación de la ANAA, se plantea que en México hay un incremento exponencial en la sobrexplotación de acuíferos, disminuye la disponibilidad media de agua por habitante, falta tratamiento sistemático de las aguas residuales e industriales y están contaminadas 21 de las 728 cuencas hidrológicas.

En la denuncia “demostramos que, como parte de su estrategia de privatización de las aguas del país (y de muchos otros bienes naturales que son patrimonio de la nación), el gobierno ha construido una imagen pública a priori sobre la ineficiencia del Estado como provisor de bienes públicos y, al mismo tiempo, ha inducido y profundizado al máximo su fracaso”.

También se hace hincapié en “la proliferación de concesiones mineras –hasta 24 mil en los pasados 10 años– con concesiones de aguas preferentes, en la especulación urbanística vinculada a los grandes capitales financieros, en las políticas agropecuarias que privilegian el mercado de agroquímicos y el monocultivo, en la vulneración de los derechos a la consulta previa o en las políticas asistencialistas que destruyen el tejido social”.

Asimismo, señala que el Estado mexicano se ha dedicado a construir una maraña jurídica que le permite torcer las leyes, los reglamentos y las normas ambientales y de salud. El gobierno omite aplicar la legislación que todavía conserva rastros de capacidad regulatoria, de vigilancia y sanción a las empresas e instituciones que destruyen el ambiente y la salud humana. Apunta que las instituciones ambientales del país se han convertido en meras procesadoras de trámites y autorizaciones de impacto ambiental a los negocios privados.

No está facultado para requerir a las autoridades, argumenta Profepa

La Profepa envió un oficio en el que argumenta que el Tribunal Latinoamericano del Agua no posee coacción legítima para requerir la presencia de las autoridades mexicanas, ni cuenta con atribuciones en materia de agua y sistemas hídricos, por lo que esta imposibilitada para intervenir.