Guadalajara, Jal., 8 de noviembre. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) afirmó, luego de dos días de recabar pruebas y testimonios de afectados por proyectos hidráulicos en siete estados de la República, que el desplazamiento forzado de miles de mexicanos por esas obras atenta contra el espíritu de la democracia y muestra un gobierno que desde hace años incumple los tratados internacionales de derechos humanos y pasa sobre la Constitución.

He podido confirmar que ni la reforma constitucional en materia de derechos humanos ni los tratados internacionales firmados y ratificados por México están siendo respetados, dijo Miloon Kothari, integrante del TPP y ex relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derecho a vivienda adecuada.

En conferencia de prensa, los siete integrantes del jurado del TPP presentaron la primera parte de un fallo que este viernes se entregará completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, elaborado a partir de cada uno de los 12 casos estudiados.

Lo que se dio a conocer este jueves sólo corresponde a Jalisco y Nayarit, e incluye la recomendación de cancelar los proyectos de Arcediano y El Zapotillo. También se pidió indemnizar de manera justa a los afectados por la presa La Yesca, en Nayarit, y que se cancele la hidroeléctrica Las Cruces.

Se solicitó cancelar el asentamiento conocido como Talincoyunque, donde el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, poblado que inudaría la presa El Zapotillo.

Asimismo insta a detener el hostigamiento y las amenazas a pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y cancelar las denuncias penales iniciadas por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco contra defensores de derechos humanos y periodistas que han acompañado e investigado el tema, leyó Monti Aguirre, integrante del TPP y coordinadora para América Latina de International Rivers.

En este caso se pidió cancelar la expropiación iniciada por el gobierno jalisciense, que se indemnice a los pobladores afectados hasta ahora y se finquen responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios públicos y ejecutivos de empresas que han violado derechos humanos e incumplido sentencias.

Por lo que respecta a Arcediano, proyecto al fondo de la barranca del río Santiago que hace dos años fue pospuesto por los gobiernos federal y estatal debido a la fragilidad del terreno y los altos costos que implicaba, el TPP pidió que se restituya el pueblo arrasado y se permita el regreso de los desalojados.

Los miembros del jurado indicaron que se basaron en normas internacionales sobre derechos humanos, firmadas por el gobierno de México.