La Paz, 8 de noviembre. En los últimos dos meses la relación entre un sector de medios privados de comunicación y el gobierno del presidente Evo Morales ha entrado en una fuerte tensión.

La reciente agresión contra el periodista Fernando Vidal, quien fue quemado por cuatro individuos mientras transmitía su programa de radio en Yacuiba, Tarija, fue utilizada por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) para condenar al gobierno de Morales y calificar el hecho como un atentado contra la libre expresión, pese a que el Ejecutivo condenó el ataque, la policía detuvo a los cuatro agresores y la investigación descartó móviles políticos.

Por otra parte, la ley de seguro de vida y contra accidentes para los periodistas aprobada por la Asamblea Plurinacional en octubre pasado, que contempla la creación de un fondo con el 1 por ciento de las utilidades que obtienen los medios privados y el 1 por ciento de los ingresos que obtienen los medios estatales para gastos médicos de los reporteros y trabajadores de la comunicación, fue rechazada por la ANP, que agrupa a una veintena de medios escritos, por considerarla una imposición tributaria.

Uno de los picos más altos en esta confrontación se vivió la semana pasada con el inicio del juicio penal contra la católica Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos privados Página Siete y El Diario por el delito de racismo o discriminación por tergiversar declaraciones del presidente Morales e incitar al racismo, según consta en la demanda que interpuso el Ministerio de Gobierno. No es la primera vez que Página Siete publica notas falsas. En septiembre del año pasado durante la marcha contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la portada de su edición impresa del día 26 se leía: “Muere bebé en violento operativo”, información que posteriormente fue desmentida.

Esta ríspida relación entre Estado y medios de comunicación no es un caso aislado en la región, se remonta a la última década y responde a la llegada de partidos progresistas al gobierno y a las reacciones que provocan iniciativas de ley que democratizan los medios de comunicación. Expertos en el tema como Ignacio Ramonet y Fernando Buen Abad destacan el papel político que los medios privados de comunicación han asumido en estos procesos sociales no ya como formadores de opinión, sino como activos golpistas. Tal es el caso, según los analistas, del conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y el diario El Universal en Ecuador; el gobierno de Cristina Fernández y el diario Clarín en Argentina; y el gobierno de Evo Morales y los medios anteriormente señalados.

Al respecto, el periodista boliviano Hugo Moldiz declaró a La Jornada que en Bolivia algunos medios de comunicación han sustituido a los partidos políticos de derecha que han perdido legitimidad, actualmente son los organizadores de la protesta social contra el gobierno democrático de Evo Morales y el proceso de cambio por el que atraviesa el país. La discusión está abierta, en las próximas semanas se definirá el juicio contra Página Siete, El Diario y ANF, mientras tanto el debate gira en torno a la propiedad y la función de los medios de comunicación y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada.