Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, esperan este viernes la resolución de un juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez para la restitución de tierras enajenadas por el gobierno estatal en lo que los indígenas consideran un despojo sin bases legales.

La audiencia constitucional deberá resolver el amparo 274/ 2011, interpuesto por los ejidatarios de la otra campaña por el despojo de una parte de sus tierras por diversas autoridades estatales y federales, con la complicidad del comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, para controlar el acceso al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul (municipio de Tumbalá), y fragmentar su organización.

De acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Ricardo Lagunes, las autoridades han pretendido justificar sus actos de diversas maneras y de forma contradictoria, argumentando que los actos se están ejecutando en una vía general de comunicación bajo administración federal; que la superficie fue donada al gobierno del estado por los ejidatarios, y que está dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cascadas de Agua Azul, según decreto del 29 de abril de 1980, y que la superficie fue donada por la asamblea general de los ejidos San Sebastián Bachajón y su vecino Agua Azul.

Desmintiendo cada argumento, Lagunes apunta: “No se trata de una vía general de comunicación, pues ni el Registro Agrario Nacional (RAN), ni la Secretaría de la Reforma Agraria, ni el Diario Oficial de la Federación han informado al juez que obre constancia de un decreto expropiatorio del camino o que fuera donado por el ejido para tal fin. Los ejidatarios que ‘donaron’ la tierra al gobierno del estado, al no contar con el dominio pleno, de acuerdo con el RAN, no podían enajenar a un tercero”. La carretera en mención, de cuatro kilómetros, conduce al río Agua Azul a través de San Sebastián; sólo el balneario está en el ejido vecino, el cual cobra peaje hace años.

El régimen de uso común de esas tierras, ratificado mediante acta de asamblea ejidal en diciembre de 2004, hace “nula y fraudulenta la ‘donación’, como confirma un peritaje independiente de un equipo interdisciplinario de la UNAM, el cual determinó que la superficie afectada no está dentro del ANP”. Además, el plano oficial exhibido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fue alterado en sus coordenadas para que abarcara la superficie en litigio, y por tanto no es válido. Tampoco existe un acta de asamblea del ejido inscrita en el RAN sobre la presunta donación al gobierno. La Secretaría de Gobierno estatal y el comisariado oficialista de San Sebastián exhibieron ante el juez un acta firmada sólo por dicho comisariado y algunas autoridades comunitarias, pero se objetó su validez por irregularidades evidentes y por violaciones a los requisitos de la Ley Agraria.

El amparo agrario, promovido el 3 de marzo de 2011, solicitó la suspensión de oficio de los actos reclamados por tratarse de derechos colectivos agrarios. El juez admitió la demanda, pero negó la suspensión. Dos veces se ha ampliado la demanda de garantías: la primera contra la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Conanp, y la segunda contra el Consejo Estatal de los Derechos Humanos por emitir una infundada medida precautoria que derivó en un nuevo desalojo violento en Bachajón por la policía estatal preventiva el pasado 19 de junio.

Respecto del acta exhibida por los pobladores de Agua Azul, los ejidatarios de San Sebastián objetan su validez, ya que, retomando los informes del gobierno, Agua Azul es un asentamiento irregular, no cuenta con título de propiedad ni planos que delimiten su posesión, como corroboran informes del RAN y el Registro Público de la Propiedad de Yajalón. Además, se demostró que la superficie reclamada se localiza en el área de dotación de San Sebastián y por tanto se encuentra dentro de su territorio.