l conflicto por el que atraviesa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desde hace más de dos meses sigue escalando a niveles preocupantes: frente a la toma de las instalaciones administrativas de esa casa de estudios realizada la noche del jueves por integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha –opositor a la rectoría que encabeza Esther Orozco–, los consejeros universitarios afines a la rectora acordaron solicitar el uso de la fuerza pública por parte del Gobierno del Distrito Federal para recuperar los planteles tomados, perspectiva que, de concretarse, albergaría el riesgo de mayores escenarios de violencia entre los integrantes de la comunidad estudiantil.

El uso de la fuerza para resolver el conflicto en la UACM constituye, pues, una solicitud improcedente, que cancelaría de tajo las posibilidades de una salida negociada e implicaría una derrota de la política frente a la intransigencia y la unilateralidad. Adicionalmente, dicha solución dañaría severamente la posición del gobierno capitalino, que hasta ahora ha intentado mediar entre las partes en pugna y ha procurado mantenerse en una posición intermedia respecto de las mismas. Por fortuna, el Gobierno del Distrito Federal ha mostrado hasta ahora una actitud mucho más sensata y responsable que la de los sectores orozquistas, y ha rechazado la posibilidad de un ingreso policial a las instalaciones de esa casa de estudios. Así lo anunció su titular, Marcelo Ebrard, hace unos días, y lo reiteró ayer su secretario de Gobierno, Juan José García.

Por otra parte, el ingreso de la fuerza pública a los planteles podría derivar, en lo inmediato, en la liberación de los mismos, pero dejaría intacto el principal foco de conflicto en la casa de estudios capitalina: el rechazo mayoritario de esa comunidad universitaria hacia el rectorado de Esther Orozco, que se expresó en la composición del tercer Consejo Universitario desconocido por la funcionaria, y que explica en buena medida sus reiterados intentos por dinamitar cualquier forma de solución que pase por el reconocimiento de ese órgano de gobierno en su composición original, es decir, aquella que emanó de los comicios de julio de este año en la UACM, y en la que el grupo de afines a la rectora era minoría.

El desempeño de Orozco en la gestión del actual conflicto; su actitud tolerante y auspiciosa a las acciones violentas cometidas en contra de los inconformes, y sus esfuerzos por colocar la crisis en la UACM en un callejón sin salida, han provocado que la propia funcionaria sea, hoy por hoy, el principal factor de tensión y división en esa universidad, y es arduo suponer que esos lastres puedan superarse en la medida en que la actual rectora permanezca en el cargo.

En la circunstancia presente, y al contrario de lo que afirman los consejeros orozquistas, la no intervención de la fuerza pública es una medida imprescindible para salvaguardar la autonomía de la UACM, pero no basta con eso: para defender y hacer valer ese principio, es necesario también que el gobierno capitalino impulse una salida basada en la negociación que derive, cuanto antes, en el restablecimiento de la institucionalidad democrática dentro de la UACM y en el pleno respeto a la voluntad de la comunidad universitaria, con todas las implicaciones que ello conlleve.