a nueva ley antilavado
no toca ni con el pétalo de una rosa a los principales encubridores y facilitadores del continuo blanqueo de los patrimonios sucios del país: los bancos y las instituciones financieras.
La norma repite el mismo juego de simulación de la fallida estrategia calderonista para el combate a la corrupción y el narcotráfico. En lugar de atacar directamente a los operadores institucionales de la delincuencia organizada, esta ley se concentra en los eslabones más débiles de la cadena. Así, una vez más será el ciudadano común quien terminará pagando los costos y poniendo las bajas colaterales
de esta nueva fase de la guerra
de Felipe Calderón.
Muy reveladora a este respecto es la declaración del presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Ruiz Sacristán, quien celebró con furor la promulgación de la nueva legislación, señalando que ahora sí “… muchas empresas y la sociedad van a colaborar con el Estado y con los bancos en tratar de identificar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”.
En lugar de exigir a los bancos mejorar sus sistemas de gobierno corporativo e imponer mayores niveles de transparencia, los banqueros de forma ridícula son elevados al nivel de una nueva autoridad para, en alianza con el Estado, defender el interés general. Ahora sí resulta que los zorros cuidarán el gallinero.
Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país. Recordemos que en 2011, las autoridades financieras estadunidenses descubrieron que Banco Wachovia se dedicó a lavar una suma equivalente a una tercera parte del producto interno bruto de nuestro país (378 mil millones de dólares), perteneciente a los narcotraficantes mexicanos, a partir de 2004 y hasta su desaparición y absorción por el conglomerado financiero de Wells Fargo, en 2008. Aun antes de su oscuro papel en las elecciones presidenciales de 2012, el conocido Grupo Financiero Monex ya se había visto involucrado en numerosos escándalos de lavado de dinero en años recientes.
El Congreso de Estados Unidos también descubrió que entre 2007 y 2008 la filial de HSBC en México envió más de 7 mil millones de dólares en efectivo a sus oficinas centrales. Los legisladores de Washington recientemente también exigieron una amplia investigación de las prácticas de lavado de dinero de Walmart y su banco en México.
La vinculación cada vez más peligrosa y profunda entre el crimen organizado y el capital financiero es un fenómeno global. La ONU ha señalado que las ganancias anuales de las bandas criminales trasnacionales que se lavan en el sistema financiero internacional superan el billón 300 mil millones de dólares, lo que equivale a la riqueza de los 49 países menos adelantados
del mundo. En México, la conservadora y cauta cifra que ha sido calculada por las autoridades hacendarias señala que el narcotráfico lava anualmente entre 20 y 30 mil millones de dólares.
La colusión del crimen organizado y los bancos se da gracias a la opacidad con que operan las instituciones financieras y a la casi total falta de regulación ejercida por el Estado. Pero la ley antilavado de Calderón no arroja luz ni por accidente a tales tinieblas. No elimina el secreto bancario
ni el secreto fiduciario
, no aumenta los controles sobre los banqueros ni incluye nuevas sanciones para los servidores públicos que colaboren con este tipo de delitos.
En contraste, la ley desata toda la furia del Estado contra los ciudadanos de a pie que por diversas razones, como el hecho de ser continuamente rechazados como sujetos de crédito por las mismas instituciones financieras, se ven obligados a realizar múltiples y cotidianas operaciones fuera de los circuitos financieros.
El artículo 35 de la nueva ley expresamente señala: Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas, y metales preciosos en los supuestos siguientes: transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos y usados, bienes inmuebles, propiedad de relojes; joyería; metales preciosos, y transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza (..) o acciones de personas morales por un valor superior al equivalente a 200 mil pesos, moneda nacional
, entre otros.
La cifra de 200 mil pesos con que este artículo busca identificar las supuestas actividades vulnerables
para ser intervenidas y confiscadas garantiza que la mayor parte de los acusados serán ciudadanos totalmente inocentes. La norma entonces se volverá instrumento de persecución contra quienes saquen sus ahorritos del colchón para hacer sus transacciones personales. A ellos se les acusará de terroristas
, secuestradores
, o narcotraficantes
, y las autoridades continuarán haciéndose de la vista gorda con la gran corrupción que no implica el manejo de efectivo, sino sólo la compra de lealtades institucionales tanto en el sector público como en el privado, como ocurrió en los casos de Pemexgate, Monexgate y Sorianagate.
El colofón de toda esta historia es que con tal de evitar la persecución del Estado y los banqueros, los ciudadanos se verán obligados a entregar su dinero a estos bancos extranjerizados y blanqueadores de recursos, a cambio de raquíticos o inexistentes intereses y con comisiones exageradas y muchas veces ilegales. El proverbial negocio redondo de la usura.
Una vez más, los principales beneficiarios del lavado del dinero también serán los que más lucran con el supuesto combate del mismo. La bancarización, la impunidad y el empoderamiento de los banqueros opacos e irresponsables constituirán un ciclo vicioso difícil de romper. Hoy más que nunca urge modificar las estrategias de combate al crimen organizado y exigir transparencia a las entidades financieras.
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Twitter: @Irma_Sandoval
