El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.

Esto ocurrió al término de la sexta audiencia pública que se realizó la última semana en Buenos Aires, donde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) presentó el caso Posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El TLA tiene carácter ético y con este veredicto también resolvió que hay incapacidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. Advirtió que hay un creciente deterioro del derecho humano al agua en el país, así como insuficiencia de los mecanismos jurídicos para detenerlo.

Recomendó al Estado mexicano definir el acceso al agua y al ambiente adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y común.

Al nuevo gobierno federal pidió que se revise el sistema de procuración de justicia ambiental y se instauren órganos jurisdiccionales en la materia con plena autonomía administrativa y presupuestal.

También pidió cumplir con las recomendaciones hechas por el tribunal en las pasadas audiencias públicas realizadas en 2006, 2007 y 2008, así como establecer un mecanismo institucional de observación y monitoreo con representación civil y amplia participación ciudadana que garantice la atención y el cumplimiento de dichas recomendaciones.

Sugirió resolver los vacíos y omisiones legales existentes en la normatividad hídrica y medioambiental mexicana.

Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su obligación de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para beneficio de las personas antes del aprovechamiento lucrativo de empresas.

Para emitir este veredicto, el tribunal se basó en la jurisprudencia internacional, en el reconocimiento universal del derecho humano al agua y la Resolución 64/292 (2010) de Naciones Unidas en el mismo sentido.

Además, señaló, el Estado criminalizó en muchas oportunidades a los defensores de los derechos ambientales para reprimir o intimidar a los que cuestionan el papel que desempeña el Estado para favorecer intereses privados. La represión a las luchas socioambientales que los pueblos de México han sufrido, en los pasados 11 años, representa un acoso y una persecución sin precedente.