Madrid, 12 de noviembre. Después de 400 mil familias desalojadas de sus viviendas y tras la conmoción social provocada por el último suicidio a causa de una deuda hipotecaria –el tercero desde el comienzo de la crisis–, la banca española acordó la suspensión de los levantamientos en casos de extrema necesidad. La medida supone un éxito para la protesta social que comenzó hace cuatro años, cuando las instituciones financieras llevan expulsando de sus casas a 570 familias diarias en promedio, drama al que ahora también el gobierno del conservador Mariano Rajoy busca solución de urgencia, en clave de moratoria.

En España la palabra desahucio se ha convertido en sinónimo de desesperación y dolor, y en el mejor reflejo de lo que está significando la crisis económica y los recortes públicos entre los sectores sociales más desfavorecidos.

Los ciudadanos y las familias con créditos hipotecarios que se quedan sin trabajo –en el país la tasa de desempleo es la más alta de Europa, con 25 por ciento– y no pueden afrontar los pagos del crédito bancario se ven, en poco tiempo, con la soga al cuello. Los tribunales dictaminan a favor de los bancos en 99 por ciento de los casos, fruto del espíritu de la legislación considerada ilegal por organismos especializados de la Unión Europea (UE).

Así, además de sufrir el desalojo de sus viviendas, que pasan a formar parte de los activos del banco, la deuda no desaparece y los intereses crecen sin parar. Un círculo vicioso que ha condenado a más de 400 mil familias a la marginalidad, la emigración o, en los casos más extremos, al suicidio.

Por primera vez en todos estos años la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Asociación Española de la Banca acordaron suspender los desalojos en casos de extrema necesidad, alegando razones humanitarias.

El compromiso de los bancos entró en vigor ayer, con lo que a partir de ahora quedaron suspendidos miles de procedimientos abiertos en todo el país y que afectaban a familias con hijos, o con alguno de sus miembros en situación de enfermedad grave o que tenga a su cargo personas mayores que requieran atención.

El comunicado de los banqueros advierte que han decidido suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades. Matiza que se aplicará esta moratoria en casos de extrema necesidad.

A pesar del clamor social y de los numerosos actos de protesta, movilizaciones y súplicas de los afectados y de los colectivos ciudadanos que formaron brigadas para detener los desalojos con sentadas masivas frente a las viviendas afectadas, el gobierno del derechista Partido Popular (PP), y el anterior, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han mirado para otro lado y se negaron hasta en cuatro ocasiones a modificar la ley hipotecaria o ayudar con medidas excepcionales a centenares de miles de personas.

Pero el último suicidio el pasado viernes de una ciudadana vasca de 53 años, Amaya Egaña, en Barakaldo, provocó que miles de personas salieran a las calles para expresar su repudio tanto a la banca como a la clase política, ciega ante este fenómeno trágico.

Esto provocó que por primera vez el gobierno y la ahora oposición socialista iniciaran conversaciones que se traducirán en algo concreto el próximo jueves, en el Consejo de Ministros, en el que se prevé la aprobación de medidas que facilitarán la moratoria de los desalojos, al menos en los casos más graves.

En las conversaciones, tanto políticos, gobierno y PSOE excluyeron a los únicos partidos políticos que se habían interesado por este problema y que habían presentado iniciativas para resolverlo, como son Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña y Compromis.

Decenas de ciudadanos que han formado parte de las brigadas de Stop Desahucios se concentraron frente a la sede central del PP para llevar a cabo una sonora cacerolada para llamar la atención de la ceguera que ha caracterizado al gobierno sobre este problema. Ahí gritaron consignas como: Vergüenza me daría desahuciar a una familia o No son suicidios, son asesinatos, entre otros, al tiempo que reclamaron un lugar en las conversaciones públicas para expresar la postura de los afectados.

Ante la indignación general contra la banca, otro grupo de indignados realizó una protesta en el Banco de España, donde realizaron una ocupación simbólica y pacífica en la que también expresaron su opinión de que los suicidios que han tenido como trasfondo los desalojos por deudas bancarias son en realidad asesinatos del sistema y la banca. Según el código penal, quien lleva a otra persona al suicidio debe cumplir una pena de ocho años de cárcel. Por eso preguntamos: ¿por qué los bancos no pagan esa condena? ¿A cuántos más vais a matar?, preguntaron.