Bogotá, 12 de noviembre. La tenencia de la tierra y la concentración de la propiedad en el campo, que dio origen al conflicto armado en Colombia hace casi medio siglo, abrirá el próximo jueves en La Habana la agenda del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Definido por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, como uno de los aspectos centrales del conflicto y causa histórica de la confrontación de clases en Colombia, un acuerdo sobre ese punto en la mesa permitiría desmontar las principales contradicciones entre las partes, destacaron expertos a Afp.

La guerra en Colombia ha afectado a grandes masas campesinas, por lo tanto, el tema agrario se convierte en el puente de oro que le permite a los guerrilleros salir del conflicto y entrar a la participación política popular, dijo Alejandro Reyes, sociólogo y analista del portal Razón Pública.

En tanto, María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, consideró que la mesa de diálogo puede mostrar algunos avances concretos con acuerdos en el tema agrario. Eso es factible en cuestión de meses y le daría oxígeno al proceso.

En Colombia, 52 por ciento de la gran propiedad rural está concentrada en 1.15 por ciento de la población, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, la violencia en el campo ha causado a lo largo de décadas el desplazamiento de más de 3 millones 700 mil personas.

Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional, consideró que la propiedad de la tierra es “un tema que históricamente ha estado muy ligado a la violencia colombiana, no sólo en este conflicto, sino también entre liberales y conservadores.

En una sociedad como esta, donde nunca se hizo una reforma agraria, es un asunto bastante complejo, refirió.

En un intento por reparar esa situación, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aprobó una ley de restitución de tierras mediante la cual se han realizado hasta ahora 23 mil 199 requerimientos de devolución correspondientes a un millón 754 mil 275 hectáreas.

La meta es devolver 2 millones de hectáreas que fueron arrebatadas y 4 millones que quedaron en el abandono.

Aunque no tienen representación en la mesa de diálogo, los empresarios del agro quieren dejar clara su posición.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, subrayó que la petición de los gremios “es de respeto a la propiedad privada obtenida legalmente frente a las tierras que han conseguido ilegamente los grupos armados.

El gobierno tiene que recuperarlas y devolverlas a sus legítimos dueños, enfatizó Mejía.

Paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y guerrilleros son acusados de apropiación de tierras en las últimas décadas en Colombia.

En tanto, los campesinos reunidos en la Mesa Agraria Nacional buscan que el proceso de diálogo atienda los requerimientos que históricamente venimos haciendo para que haya una paz real y duradera, que el campesinado deje de ser víctima de la guerra, dijo Julio Fuentes, uno de sus dirigentes.

Para Reyes, con la ley de restitución de tierras y el plan de desarrollo rural integrado, Santos tomó la iniciativa y lleva ventaja a la hora de conversar con las FARC.

No creo que haya diferencias insalvables. Podría llegarse a acuerdos en cuanto a distribuir y garantizar derechos de propiedad masivos a las poblaciones campesinas y superar los conflictos de uso del territorio, porque no más de 20 por ciento de la tierra se está usando de acuerdo con su potencial, señaló.

La tierra despojada debe ir a restitución, y la subutilizada o inexplotada, así como la adquirida fraudulentamente, a distribución de la propiedad, sugirió Reyes.

Además del desarrollo agrario, la agenda de pláticas entre el gobierno y las FARC incluye otros cuatro puntos: drogas ilícitas, participación política, abandono de las armas y reparación a las víctimas.