En meses recientes confluyeron en el estado de Chiapas las campañas electorales federal y estatal, con efectos sociales preocupantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documenta en un amplio informe la presión política que se ejerció en los pueblos y comunidades, con la finalidad de que sufragaran mediante la compra de votos y otros medios clásicos de corrupción electoral, por la alianza de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), convirtiendo al Verde en primera fuerza política y dejando una profunda fragmentación en las comunidades.

El Frayba ha monitoreado el conflicto armado en Chiapas desde su inicio, dando cuenta de las diversas coyunturas, caracterizadas siempre por una política de contrainsurgencia dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo; ésta se agudiza cuando se trata de cambio de estafeta y reparto del control político.

El abogado Pedro Faro, integrante del Centro Fray Bartolomé, refiere: Hemos ubicado un patrón de violencia recurrente durante los cambios electorales, que desata enconos y conflictos entre los grupos de poder por los puestos de gobierno, y una vez establecido el escenario esencial, se desprenden acciones para golpear al enemigo. En estas circunstancias es específica la disputa por los territorios recuperados del EZLN.

Entre mayo y septiembre de 2012, apunta Faro, hemos documentado la continua estrategia de confrontación comunitaria que el gobierno, en sus tres niveles (municipal, estatal y federal), realiza en las comunidades autónomas zapatistas por medio de grupos de poder local, los cuales se benefician de la protección que se les brinda. Desde 2000 se construye una guerra integral de desgaste, y a la par el gobierno tergiversa en los medios de comunicación los desplazamientos forzados, las agresiones armadas y los hostigamientos que hoy reciben las bases de apoyo del EZLN. Este escenario se corrobora con las hostilidades en curso contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las comunidades San Marcos Avilés, Comandante Abel, Jechvó y Banavil.

El doble discurso

Por un lado, el gobierno federal invisibiliza al EZLN, y por el otro, el estatal expresa atender sus demandas, desmarcándose como contendiente y presentándose como administrador de los escenarios y mediador de los conflictos, calificados como intercomunitarios. Sin embargo, el gobierno estatal juega un papel fundamental en la guerra de desgaste, especialmente con el uso de los recursos económicos para confrontar y cooptar organizaciones o comunidades que resisten al sistema.

En los medios de comunicación se trata de bloquear la postura del EZLN y las organizaciones que difieren de las políticas gubernamentales. El gobierno “impone su opinión o desvía la atención con publicidad turística o la difusión de logros de ‘vanguardia’, siendo que da continuidad a la política de descolocar el proceso autonómico y la resistencia civil y pacífica construida a partir del cese al fuego, en la apuesta de dar cumplimiento unilateral a los acuerdos de San Andrés, desconocidos por el gobierno mexicano”.

El Frayba registra que la estrategia de contrainsurgencia se ha operado de manera muy patente en las incursiones armadas de grupos de corte paramilitar de Sabanilla, en la comunidad Comandante Abel, que provocó ya el desplazamiento forzado de 87 personas.

Éstos son los hechos, a pesar de que el gobierno local “trata de ocultar las consecuencias de su política de violencia utilizando un discurso de ‘derechos humanos’ a través de reformas que son leyes muertas, y del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que sirve como operador político para avalar y mantener la impunidad”.