El principal objetivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es que éste funcione y sus alcances se difundan, expresaron informadores, organizaciones de defensa de esas garantías y funcionarios federales y estatales.

Al instalar la junta de gobierno de dicho mecanismo, afirmaron que este paso es fundamental, particularmente hoy, cuando en el país siguen creciendo las dolorosas cifras de desapariciones forzadas, secuestros y hostigamiento contra esos sectores.

En el alcázar de Chapultepec, el titular de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo confiar en que ese mecanismo permitirá enfrentar de manera más eficaz los intentos de intimidación y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Informó que se contará con un fondo de 40 millones de pesos, cantidad que eventualmente se ajustará durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La reportera Jade Ramírez enfatizó que aún son claras las manifestaciones de violencia contra periodistas y la defensores de los derechos humanos, sobre todo en los estados. En muchos casos, aseguró, los propietarios de los medios de comunicación propician la vulnerabilidad de sus trabajadores, quienes además están atrapados entre las amenazas de los grupos delincuenciales y las autoridades locales.

Por eso, la viabilidad y el éxito de dicho mecanismo se verificará si a partir de su aplicación se salvan vidas, sin que los defensores de derechos humanos o periodistas renuncien al ejercicio de su labor o se vean obligados a abandonar el país protección que aquí se les niega.

Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lamentó que México sea uno de los pocos países donde con tanta claridad los periodistas son amenazados o asesinados no sólo por lo que redactan, sino, en muchos casos, por lo que han rechazado escribir.

Reconoció que es un importante esfuerzo del gobierno mexicano promover estas iniciativas para proteger la libertad de expresión y la democracia.

Durante el acto de instalación de la junta, al que asistieron la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales; el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y representantes de siete gobiernos estatales más, Poiré reiteró el compromiso del gobierno federal para enfrentar la violencia, fenómeno que se había establecido en México desde hace mucho tiempo, ya que fue aprovechada la existencia de instituciones debilitadas para cometer actos de violencia, afectando a instituciones y sociedad.

La junta de gobierno se reunirá periódicamente para evaluar factores con los que se espera determinar la utilidad del mecanismo en el que, destacaron, será siempre prioritaria la participación de la sociedad civil.