Familiares de los 14 policías que participaron en el ataque a dos agentes estadunidenses y un marino mexicano el pasado 24 de agosto, en Tres Marías, informaron que hasta el próximo viernes conocerán la situación jurídica de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, pero denunciaron que la institución –que dirige Genaro García Luna– no les ha proporcionado ayuda económica ni legal para atender las acusaciones que enfrentan.

En ese contexto, el abogado Marco Aurelio González Robles informó a La Jornada que a las acusaciones de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena contra los 14 federales, el Ministerio Público agregó los cargos de abuso de autoridad y lesiones.

Cuatro cónyuges de los 14 elementos de la Policías Federal que fueron entrevistadas en la ciudad de México, informaron que desde la segunda quincena de agosto –cuando ocurrió el ataque en el kilómetro 50 de la carretera México-Cuernavaca– suspendieron salarios a sus esposos, a pesar de que según declaraciones del subsecretario Facundo Rosas Rosas, a un elemento sujeto a investigación la corporación le paga 50 por ciento de su sueldo y sólo deja de hacerlo cuando un juez dicta auto de formal prisión en su contra.

Las mujeres entrevistadas señalaron que sus esposos, quienes fueron enviados por la Procuraduría General de la República (PGR) al Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, rindieron declaración preparatoria la noche del domingo.

El abogado González Robles puntualizó que la PGR consignó el expediente de los policías federales al juzgado cuarto de distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, y éste solicitó a jueces que tienen residencia en Jalisco y Chihuahua que tomaran las declaraciones preparatorias de los inculpados y determinaran la situación jurídica, lo que significa que el desahogo de las acusaciones se realizará por lo que los especialistas en derecho llaman exhortos.

En caso de que se les dicte auto de formal prisión por homicidio calificado en grado de tentativa, por ser considerado delito grave no se les concedería derecho a la libertad bajo fianza.

La PGR ejercitó acción penal contra Juan Manuel Pacheco, comisario de la Policía Federal y jefe de la base Tlalpan, por falsedad de declaraciones al entregar a los 14 agentes inculpados.