Entre 2002 y 2005 la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) utilizó una caja chica para comprar piezas consideradas de alta prioridad, que en el argot aeronáutico se conocen como aircraft on ground (AOG, por sus siglas en inglés), que regularmente son entregadas en plazos máximos de 24 horas en cualquier parte del mundo a todas las aerolíneas, pero a la Procuraduría General de la República (PGR) tardaban hasta 30 días, porque los pedidos se hacían a empresas intermediarias que cobraban hasta 50 por ciento de sobreprecio en cada refacción, dijeron funcionarios ministeriales.

Como parte de la averiguación previa que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf), el Ministerio Público Federal investiga a más de 40 empresas establecidas en México que prestan mantenimiento, reparación y refacciones para aviones y helicópteros, así como a 120 servidores públicos de la institución, por presunta corrupción en la DGSA.

En este caso –del cual La Jornada dio a conocer desde el pasado septiembre el descubrimiento de una red de corrupción en la DGSA y el inicio de las investigaciones– ya han rendido declaración ministerial 150 funcionarios que laboran en las bases aéreas de la PGR en el país, quienes ocupan cargos que van desde secretarias, mecánicos y técnicos en aeronáutica hasta directores de área, para esclarecer líneas de investigación relacionadas con desvío de recursos, compras y reparaciones simuladas, robo de partes, piezas y refacciones de la flota aérea de la PGR, entre otros delitos.

Fuentes gubernamentales revelaron que las llamadas AOG podían ser solicitadas por funcionarios de todos los niveles, desde operativos hasta administrativos. Notas y facturas luego eran cobradas por personal de la DGSA directamente en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la PGR, mediante cheques que supuestamente deberían ser entregados a proveedores, pero en realidad se cambiaban y los recursos servían para pagar sin ninguna supervisión la supuesta compra de refacciones.

Los entrevistados señalaron que hasta 2007, un grupo de empleados adscritos a la DGSA se encargaba de elaborar sondeos de mercado que servían para evaluar las propuestas empresariales en cada licitación, pero los documentos institucionales eran vendidos ilegalmente hasta en 5 mil dólares a los concursantes, por lo cual en 2008 la Visitaduría de la PGR inició investigaciones, pero en ninguna se dieron a conocer los resultados.

La PGR ha interrogado a más de 12 servidores públicos respecto a las AOG y el grupo que elaboraba los sondeos de mercado para integrar mayores elementos de investigación a la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/3415/12, la cual se abrió a petición de la propia titular de la PGR, Marisela Morales, ya que la nave en que viajó de México a Chile en agosto pasado debió aterrizar en Quito, Ecuador, para una evaluación, ya que según versiones oficiales, el parabrisas se encontraba astillado y la nave podía sufrir un percance. La procuradora regresó a México en un avión rentado.