La organización española Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se solidarizó con la demanda de comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para detener la instalación del parque eólico que la transnacional Mareña Renovables, con inversiones de PGGM, Mitsubishi Corporation, Macquarie y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pretende construir en la comunidad de San Dionisio del Mar, cerca de la ciudad de Juchitán.

El OMAL es un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad en 2003, con la finalidad de documentar información sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y en los derechos humanos generados por la actuación de las trasnacionales españolas en América Latina. Colaboran con él dependencias oficiales del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Córdoba, Principado de Asturias y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La organización denunció que las comunidades que están dentro del radio de afectación de este megaproyecto –San Dionisio del Mar, Juchitán de Zaragoza, San Dionisio Pueblo Viejo, San Francisco Pueblo Viejo, Álvaro Obregón, San Francisco del Mar, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar y Santa María del Mar– no han sido consultadas.

En el contexto de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo” señaló que la responsabilidad por ello recae en los inversionistas y las transnacionales beneficiarias de la energía que se produciría en dicho parque: subsidiarias y miembros de Fomento Económico Mexicano y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

Citó entre los abusos más notables de las empresas involucradas en el megaproyecto, que pagan anualmente 100 pesos mexicanos (poco más de siete dólares) por hectárea para reservar tierras hasta iniciar la generación de energía eléctrica; han ofrecido empleo a la gente de las comunidades y bajo engaños; lo que realmente preparan son grupos de choque que posteriormente provocan violencia en las comunidades.

Además, asevera el OMAL, omiten licencias de construcción; han prometido pagos por el usufructo de tierras de sólo 1.4 por ciento de los ingresos de la energía vendida –es decir, hasta que arranque la generación– y modifican los contratos a su antojo y conveniencia, tal como ha sucedido con los de la construcción de atraque y ampliación de muelles. Agrega que “el hecho de que el BID celebre este proyecto como un paso importante en el desarrollo de proyectos viables de energía renovable es representativo de la captura corporativa del modelo de desarrollo que esta institución llama sustentable”.

Por ello demanda detener las obras del parque eólico hasta que se realice la consulta a las comunidades indígenas afectadas como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que se respete la voluntad de la nación ikojts, que ha dicho no al megaproyecto.

Asimismo, pide eliminar cualquier tipo de presión, amenaza y violencia sobre las comunidades indígenas y los defensores de derechos humanos que se han solidarizado con el pueblo ikojts, retirar de las comunidades a los paramilitares y otros grupos armados que aterrorizan e intimidan a los ciudadanos y ciudadanas que se han pronunciado contra el proyecto eólico y respetar las leyes nacionales y estatales mexicanas.