Moscú, 14 de noviembre. A pesar de la ambigüedad de las definiciones ampliadas de conceptos como alta traición, espionaje o revelación de secreto de Estado, las respectivas enmiendas al Código Penal entraron en vigor este miércoles al aparecer publicadas en el diario oficial Rossiskaya Gazeta.

Aprobadas a instancias del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la víspera las promulgó el presidente Vladimir Putin, quien dos días antes, al reunirse con los miembros del renovado Consejo de Derechos Humanos adjunto al Kremlin, se mostró dispuesto a revisar las enmiendas porque, en su opinión, no debe haber interpretaciones equívocas de lo que es alta traición.

Mientras se concreta algún día la anunciada voluntad de revisión, a partir de ahora cualquier ruso puede ser acusado de alta traición no sólo por entregar información secreta a gobiernos extranjeros, sino también por proporcionar ayuda financiera o realizar consultas a organizaciones internacionales implicadas en actividades dirigidas contra la seguridad de Rusia y que son utilizadas como tapadera de los servicios de espionaje extranjeros, a juicio del FSB.

Como no hay precisión sobre los criterios que usará el FSB para establecer esa modalidad de amenaza a la seguridad del país, opositores y activistas de defensa de los derechos humanos expresan su preocupación de que compartir información con ONG de otros países como Human Rights Watch o recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos puedan calificarse de delito de alta traición.

El simple hecho de trabajar con contrato legal para una organización civil extranjera puede ser considerado delito, si el FSB determina que dicha organización lleva a cabo actividades contra los intereses de Rusia.

Para Lilia Shibanova, directora de Golos, ONG dedicada a la observación electoral, y miembro del mencionado Consejo de Derechos Humanos, se trata de enmiendas muy peligrosas. Por poner un caso, comentó hoy que el FSB podría catalogar de espionaje pasar a un periodista extranjero información sobre violaciones de la legislación electoral o fraude en unos comicios.

Conseguir secretos de Estado mediante soborno, engaño, chantaje o amenazas de violencia física supondrá multas de entre 200 mil y 500 mil rublos (entre 6 mil 300 y 15 mil 700 dólares) o una condena hasta de cuatro años de cárcel.

Entre tres y ocho años de prisión es la pena para los integrantes de un grupo, declarado culpable por este delito, dependiendo de si usa la fuerza o tecnología especial o si causa daños graves.

Vladimir Lukin, comisionado para los Derechos Humanos en Rusia, instancia que formalmente depende de la presidencia rusa, manifestó que las enmiendas se contradicen con el Derecho Internacional y la propia Constitución del país al facilitar que se condene a cualquier persona por un delito definido de forma demasiado amplia.

Ante las numerosas críticas, el vocero de Putin, Dimitri Peskov, ratificó hoy que el mandatario ruso está dispuesto a revisar las controvertidas enmiendas si surgen ámbitos confusos o algunos aspectos que restrinjan los derechos y libertades de los ciudadanos.