n 24 países de la Europa comunitaria, este 14 de noviembre se han convocado paros parciales, y en España, Portugal, Malta y Grecia los sindicatos se han decantado por la huelga general. Un malestar acompañado de indignación y, por qué no decirlo, de frustración, se adueña de las clases trabajadoras. Desde hace dos décadas, en Europa, de forma lenta pero continuada, desaparecen derechos considerados universales y de calidad. Asimilados como un logro de la democracia representativa y una sociedad más justa e igualitaria, pocos podrían haber vaticinado su defunción política. Hablamos de educación pública, salud universal, vivienda social, salarios dignos o trabajo estable. Hoy estos derechos se extinguen en medio de la algarabía de las clases dominantes. El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Joan Rosell, se mofa de las protestas y sus convocantes. No tienen propuestas y desde el punto de vista interior, y todavía más desde el punto de vista exterior, la huelga supone un torpedo contra la recuperación. Dicho argumento lo acompaña con su frase preferida: se acabó el café para todos, aludiendo a la necesidad de acabar definitivamente con el Estado de bienestar. Rosell, acusa a la clase trabajadora de vivir del desempleo y aprovecharse de la buena voluntad de empresarios honrados que trabajan 14 o 16 horas al día, mientras el obrero sólo lo hace ocho horas y protegido por una legislación paternalista. Lo que no dice Rosell es que la CEOE ha recibido 20 mil millones en subvenciones del Instituto de Crédito Oficial en 2012, y la banca, 50 mil millones. Rosell no tiene empacho. Según su teoría, los trabajadores son responsables, en gran medida, de la crisis. Han vivido por encima de sus posibilidades. Hoy deben pagar la factura.

La política de austeridad diseñada por el capital financiero y las burguesías trasnacionales no tiene límite, engullendo y desprendiéndose de lo considerado superfluo. Entre lo prescindible se hallan personas jóvenes, ancianos, trabajadores, campesinos, familias y emigrantes. Pero también instituciones. Universidades, polideportivos municipales, centros de salud primaria, oficinas de empleo público. Ambos, personas e instituciones, son un obstáculo en su camino por lograr el control de la sociedad. Hay que dejar paso libre a las compañías de seguros privados, de trabajo temporal. La educación se transforma en un negocio. Todo se mide en función del beneficio económico. No hay consideraciones sociales, sólo monetarias.

En este contexto, millones de ciudadanos, por primera vez en la historia contemporánea de Europa occidental, deciden salir a la calle y levantar juntos su voz contra las políticas de austeridad y recortes diseñadas por Alemania, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los países del G-8. Políticas cuyo resultado es un incremento de la pobreza, reapareciendo el hambre, la desnutrición y las enfermedades de salud pública, piojos, liendres y, como broche de oro, el sarampión.

En España, el desamparo que supone perder el empleo y la imposibilidad de seguir pagando alquiler y préstamo hipotecario se traduce en miles de órdenes de embargo y desahucio. Familias enteras se han quedado en la calle, sin techo, sin medios para sobrevivir ni cobertura sanitaria. La acción depredadora de los bancos, en complicidad con los grandes partidos y sus gobiernos, les permite seguir actuando con total impunidad. Pero las entidades financieras no están conformes: exigen más y más. Ahora piden la cabeza de los avalistas, quienes son desposeídos de sus bienes. Es la otra parte de la historia. Padres que estamparon su firma apoyando la hipoteca de sus hijos se ven sometidos al mismo proceso. Embargados y expulsados de sus casas se convierten en víctimas propicias de contratos usureros y perversos. Por el precio de una, los bancos obtienen dos viviendas. Ahora nos encontramos con personas que han estado toda una vida trabajando, ahorrando, que han pagado sus letras, que tienen el piso en propiedad, sin cargas, con edades comprendidas entre 50 y más años, siendo despojados de su vivienda.

La huelga general es un grito a la esperanza. No todo está perdido. Sin embargo, los empresarios y la patronal hacen lo posible por impedir que sus trabajadores ejerzan el derecho a huelga. Las reformas laborales impulsadas por el PSOE, primero, y ahora por el Partido Popular, permiten el despido libre. El miedo de cientos de personas que comparten los motivos y desean participar de la jornada de huelga los hace abstenerse y acudir a sus centros de trabajo. Son conscientes, se están jugando su empleo y en tiempos de crisis, no es aconsejable hacerlo. Los empresarios se frotan las manos. Si usted hace huelga, aténgase a las consecuencias. Con 5 millones de desempleados no tengo problemas. El despido sale barato y un contrato basura siempre es una buena opción de cambio.

Aun así, hay quienes deciden enfrentar el miedo, seguros de la dignidad que los embarga. Acuden al trabajo pero dejan constancia pública de la presión a que son sometidos por parte de sus jefes. En esta dinámica, tras la jornada laboral se suman a las manifestaciones convocadas en cada ciudad y pueblo de España cientos de jóvenes, estudiantes, médicos, enfermeras, trabajadores, agricultores, mineros, pescadores, empleados públicos, campesinos, jornaleros. Su presencia calla bocas. Es posible que los empresarios boicotearan la huelga y el gobierno señalase que el llamado fue un fracaso. Pero el lema Nos dejan sin futuro resulta ser suficientemente explícito para acudir a la cita. El triunfo de la huelga general es un hecho. Cientos de miles de voces se funden en un solo grito: no a las políticas de austeridad. La dignidad no se extravió en el camino. Mientras tanto, los políticos corruptos, de espalda a los ciudadanos, aprueban su plan de recortes, en un Parlamento desprestigiado y sin vocación democrática.