La Secretaría de Gobernación (Segob) se convertirá en la institución más poderosa de la administración pública federal, si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma presentada por el presidente electo, Enrique Peña Nieto. La dependencia coordinará a todo el gabinete y evaluará los resultados de cada instancia; dictará las políticas en materia de seguridad interna, pública, migración, inteligencia, población (incluyendo su registro biométrico), derechos humanos y comunicación social.

La propuesta también consolida la Oficina de la Presidencia de la República como una instancia cercana al Ejecutivo federal para apoyo y seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas, esto es, podrá evaluar las políticas y los proyectos prioritarios, además de tener presencia en las reuniones de gabinete.

Al respecto, el coordinador de política y seguridad del equipo de transición, Miguel Ángel Osorio Chong, precisó que la Policía Federal quedaría bajo el mando de una subsecretaría del interior, que a su vez agruparía a una gendarmería nacional, que se anunciará próximamente. Ahí también se concentraría toda la información en materia policial y de seguridad nacional, precisó en una entrevista radiofónica.

La iniciativa de reforma, que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, representa la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la transferencia de todas sus funciones, incluyendo la Policía Federal (PF), el sistema penitenciario y la llamada Plataforma México a Gobernación, la cual también se encargará de vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar y aire, y dará un esquema de operación más amplio al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con ello, esa institución retoma las atribuciones que tuvo hasta el año 2000, y agrega como nuevas facultades el otorgamiento de autorizaciones para la portación de armas para empleados federales (facultad que tiene la Defensa Nacional), la operación de empresas de seguridad privada que operen en dos o más entidades y la supervisión de su funcionamiento.

El proyecto, que será presentado a la Cámara de Diputados por las bancadas del PRI y del PVEM, contempla que la SG formule, regule y conduzca la política de comunicación social del gobierno federal (facultad que está en manos de la Presidencia de la República) y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social del sector público federal.

Prevé que Gobernación pueda vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y la moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

Asimismo, se plantea la creación de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones tanto de la Reforma Agraria como de la Sedeso en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.