El Senado demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar el ataque contra un vehículo diplomático de Estados Unidos cometido en Tres Marías, Morelos, el pasado 24 de agosto, al considerar que constituye una violación grave a esas garantías.

La propuesta fue formulada por el senador Pablo Escudero, quien argumentó que elementos de la Policía Federal utilizaron fuerza excesiva y abusaron, al atacar indiscriminadamente el vehículo donde además de los estadunidenses viajaba un integrante de la Marina.

El pevemista Escudero sostuvo que es reprobable y por demás preocupante ver que elementos de las fuerzas federales utilizan la fuerza excesiva y demás abusos contra la sociedad, como lo hicieron el pasado 24 de agosto, en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac, Morelos, cuando persiguieron y dispararon contra un vehículo diplomático de la embajada de Estados Unidos, en el que viajaba personal de esa sede acompañado de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La comisión dictaminadora de ese punto de acuerdo, destacó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal violaron diversos derechos humanos, entre los que se encuentran el de la vida, la seguridad personal, la libertad de tránsito, seguridad jurídica y de integridad personal.

El Senado aprobó asimismo invitar al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, a una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara.

El propósito es que Plascencia Villanueva informe sobre el estado que guardan las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad, así como la situación actual de las cárceles en el país.

Se destaca en el dictamen aprobado que el Reporte Mundial de Human Rights Watch (HRW) 2012 sostiene que “hay evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde 2006, y que las fuerzas de seguridad del Estado aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen o proporcionen información mediante coerción”.

Además, se indica en el dictamen, que HRW y Amnistía Internacional acusan en sendos informes que en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado y sancionado adecuadamente.