San Cristóbal de Las Casas, Chis., 15 de noviembre. El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía confirmó su liberación luego de que autoridades judiciales le notificaron el pasado martes que le fueron retirados todos los cargos de los 11 procesos penales que enfrentó desde su detención el 7 de junio de 2011.

Como consecuencia, agregó en un comunicado dirigido a la opinión pública, los jueces de las diversas causas decretaron el sobreseimiento de las mismas. A continuación el texto íntegro:

“El día 13 del actual, fui notificado por las autoridades judiciales que me fueron retirados todos los cargos de los 11 procesos penales que enfrenté y como consecuencia, los jueces de las diversas causas decretaron el sobreseimiento de las mismas. Este resultado se combina con los fallos favorables que obtuvo mi defensa ante la justicia federal.

“Con estos fallos a favor de mi persona y de más de 50 compañeros de mi administración, hemos quedado todos en completa libertad.

“También es importante destacar que me he desistido de todas las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismas que fueron generadas desde el primero hasta el último de mis procesos.

“Agradezco a la comisión su puntual y profesional acompañamiento durante todo el tiempo que permanecí privado de mi libertad.

Asimismo, agradezco a las instituciones y personas que fueron solidarias conmigo durante mis 526 días de reclusión. Con este comunicado doy por concluida esta página en la vida de Chiapas.

El ex gobernador fue acusado de peculado por 104 millones de pesos, asociación delictuosa, ejercicio indebido de la función pública, abuso de funciones y de autoridad y homicidio culposo de varios de los 35 recién nacidos muertos en un hospital de Comitán a finales de 2002 y principios de 2003, entre otros delitos.

Los rumores acerca de la liberación del ex mandatario comenzaron a surgir desde el martes por la noche en que las autoridades judiciales le noticiaron el retiro de los cargos.

De acuerdo con documentos oficiales fechados el 18 de octubre pasado, el juez primero de distrito en Chiapas, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió amparo a Salazar Mendiguchía y a más de 50 de sus ex colaboradores, la mayoría de los cuales no fueron detenidos, por el delito de asociación delictuosa relacionada con la acusación de peculado de 104 millones de pesos.

Como consecuencia, el juez ordenó que se deje insubsistente la orden de aprehensión de fecha de 7 de junio de 2011, dictada en autos de la causa penal correspondiente.

También resolvió que se dicte una nueva resolución en la que analice si en el caso se actualiza el concurso aparente de tipos penales, en relación con los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas y abuso de auto- ridad, y, en caso afirmativo, resuelva esa cuestión con cualquiera de los principios que la doctrina ha determinado para resolver ese problema.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no apeló del fallo del juez Novelo.

Salazar Mendiguchía, quien desde su detención se declaró preso político, estaba en prisión domiciliaria desde el 28 de septiembre pasado, y pocos días después la PGJE le regresó los bienes que le había incautado, hechos que fueron interpretados en su momento como el primer paso para su excarcelación.

El 19 de abril pasado, cuando se le notificó el octavo auto de formal prisión en su contra, el ex mandatario declaró: “No sé exactamente cuándo voy a salir, pero si sé con precisión cuando saldrá Sabines: el 8 de diciembre.

Desde aquí y ahora le mando a decir que muy pronto, en igualdad de condiciones, nos veremos en el territorio del no poder. Que venga el futuro y que venga lo que tenga que venir.