Amnistía Internacional (AI) entregó ayer en Palacio Nacional más de 30 mil firmas dirigidas al presidente Felipe Calderón, para exigir la liberación inmediata de los activistas indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes han pasado casi tres años en prisión debido a su lucha por el acceso al agua en la comunidad Atla, municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

En un comunicado, AI recordó que ambos hombres fueron acusados injustamente por el robo de un vehículo, y sentenciados a seis años y 10 meses de prisión, a pesar de las múltiples irregularidades del proceso judicial en su contra.

Es momento de que las autoridades mexicanas demuestren al mundo que la justicia puede ser más que un sueño en México, reconociendo su error y poniendo inmediatamente en libertad a José Ramón y Pascual, dos personas cuyo único delito fue actuar para convertir en realidad el derecho al agua, subrayó Daniel Zapico, coordinador de movilización e impacto de AI en México.

A propósito del tema, Araceli Olivos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y abogada de los activistas nahuas presos desde enero de 2010, informó que en estos días posiblemente obtenga su libertad Carmelo Castillo Martínez, un tercer coacusado por el delito de robo que se le imputa a Aniceto Gómez y Agustín Cruz, lo cual podría beneficiar a estos últimos.

Se revisarán conclusiones del MP

En una o dos semanas la Procuraduría General de Justicia de Puebla va a revisar las conclusiones del Ministerio Público sobre el caso, y esperamos que sean de no acusación al admitir que no hubo delito. Esto beneficiaría a José Ramón y Pascual, porque si no hay robo, se anulan las supuestas pruebas que los incriminan a ambos y tendrían que salir en libertad, explicó Olivos en entrevista.

A pesar de las evidencias de que los dirigentes indígenas fueron encarcelados como represalia por iniciar una lucha por el acceso de su comunidad al agua –controlado durante muchos años por caciques locales–, es muy poco probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la solicitud de amparo que interpuso el Prodh, lamentó la abogada.

Sin embargo, la posible excarcelación de Carmelo Castillo y la entrega de las firmas recabadas por AI pueden servir para ejercer presión y obtener la libertad de Aniceto y Agustín. Aunque la Suprema Corte es independiente del Poder Ejecutivo, el llamado que le hace Amnistía al presidente Felipe Calderón puede tener peso político, pues se trata de un caso de relevancia nacional, puntualizó.

Han pasado casi tres años y es difícil no perder la esperanza. A veces creemos que aquí no hay justicia. Pero luego nos damos cuenta que mucha gente piensa en nosotros y nos desea la libertad, dijo Agustín Cruz en septiembre pasado a representantes de AI, del Prodh y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, cuando una caravana humanitaria realizó una manifestación pacífica a las afueras del penal de Huauchinango, para exigir la liberación de los presos.

Hace cuatro años, José Ramón y Pascual fueron elegidos presidente auxiliar y juez menor de paz en Atla, respectivamente, cargos desde los que permitieron que se repartiera agua a más de la mitad de la población de forma gratuita.

Esta acción anuló el abuso al que ha estado sujeta la población por parte de los caciques de Atla, Cristóbal Aparicio y Guillermo Hernández Cruz, quienes controlan el proyecto hídrico de la zona cobrando hasta 5 mil pesos por toma de agua a cada familia.