esde hace años organismos nacionales e internacionales han emitido informes que constatan las graves agresiones que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas en México. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró, de septiembre de 2009 a octubre de 2010, 37 presuntas agresiones en contra de ellos. Según este reporte, más de 90 por ciento de los casos se mantienen en la impunidad. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos menciona por su parte más de 170 agresiones registradas entre 2011 y 2012.

Y como se recordará, en agosto de 2010 se llevó a cabo una visita conjunta del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, y la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión. Al final, ambos expresaron su preocupación por los altos índices de violencia que enfrentan los comunicadores en el país, y la necesidad de que el Estado mexicano implemente medidas efectivas para su protección.

Estos datos son sólo una muestra de que durante el sexenio de Felipe Calderón no se garantizaron las condiciones de seguridad ni de protección a estos gremios, faltando así con su obligación de proteger, prevenir y, sobre todo, sancionar las violaciones a sus derechos humanos. La implementación de medidas de protección por parte de las autoridades federales y/o estatales, otorgadas por las comisiones nacional y estatales, o por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han sido un verdadero vía crucis para quienes acuden a las dependencias encargadas de ese asunto. Las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión han enfrentado en efecto numerosos obstáculos y debilidades, que van desde la ausencia de comunicación con las personas beneficiarias de esas medidas, hasta la total falta de coordinación entre diferentes entidades gubernamentales.

Ante la ineficacia de su implementación, y la ausencia de cumplimiento de la obligación de las autoridades mexicanas de ofrecer protección a estos dos conjuntos de población, tan fundamentales para el fortalecimiento de un estado democrático, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsaron la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada por el titular del Ejecutivo Federal el 22 de junio de este año. La ley establece, entre otras cosas, la creación de un mecanismo institucional de protección a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por el trabajo que realizan cada día. Dos semanas antes del fin del sexenio, el mecanismo, instalado apenas el pasado lunes, llega por fin a subsanar las carencias y deficiencias de un esquema anterior de protección fallido, y a cumplir con la obligación del gobierno de pagar una deuda que ha cobrado muchas vidas, y ha incluso obligado a personas y grupos a buscar refugio en el extranjero.

Para que este nuevo instrumento funcione, es necesario asegurar ahora la participación de toda la sociedad civil mexicana. De entrada es una ventaja que la ley prevea la creación de un Consejo Ciudadano, conformado ya por destacados defensores y periodistas, que cuentan con la experiencia y los conocimientos suficientes para cumplir con este objetivo. Será ahora tarea de todos y todas monitorear la eficaz implementación de la ley y del funcionamiento de las medidas de protección que establezca.

Un tema que no es menor, es la capacitación de funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre las implicaciones y obligaciones de la ley. Una de las tareas fundamentales será, asimismo, que el Congreso apruebe un presupuesto adecuado para que este mecanismo funcione, ya que sin la inversión requerida no podría operar ante el tamaño de la problemática que debe atender.

Tratándose de un mecanismo federal, tendrá también el reto de buscar la firma de los convenios de cooperación de los mecanismos de los gobiernos de los 32 estados de la República mexicana. Hasta ahora, el secretario de Gobernación ha anunciado que 25 estados ya han aceptado firmar esos convenios. Al no firmarlos, los estados que restan estarían enviando un mensaje claro de falta de voluntad, pero además estarían confirmando la discriminación que de muchas maneras vivimos hoy en México, al contar con estados que promueven y protegen más derechos que otros. En este caso los de las personas defensoras y periodistas.

La operatividad y efectividad del mecanismo de protección deberá incluir para su buen funcionamiento como pilares fundamentales la confianza y la comunicación honesta entre las partes, tanto de quienes integran el consejo, como de los miembros de la junta de gobierno, y de las y los beneficiarios de dicho sistema. Deberá privar la participación, la escucha de voces expertas y de las poblaciones afectadas, pero sobre todo aceptar las críticas y abrir las puertas al diálogo y a las propuestas que se presenten, para que de esa forma pueda cumplir con el objetivo de proteger en su integridad y en sus trabajos a las personas defensoras y a los periodistas.

La eficacia de esta nueva instancia se verá en la medida en que logre disminuir el riesgo en que hoy éstos incurren, y en que permita que en ambientes seguros continúen realizando con plena libertad sus funciones.