Tlaxcala, Tlax., 18 de noviembre. El gobernador Mariano González Zarur dijo que el Congreso estatal podría llamar a cuentas y promover un juicio político contra los magistrados Mario Jiménez Martínez y Francisco Flores Olayo, por falta de honestidad y ética profesional, tras liberar a un tratante de personas a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comprobó plenamente el delito cometido en perjuicio de dos mujeres.

En días recientes los dos miembros de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) absolvieron a Valentín Rojas Rojas, que implica una sentencia hasta de 11 años de prisión, multa de mil días de salario mínimo y reparar el daño a sus víctimas, pese a que confesó que explotaba sexualmente a dos mujeres. El argumento fue que el inculpado se retractó de su declaración inicial.

La otra magistrada de esta sala, Elsa Cordero Martínez, votó en contra de la absolución, al considerar que la ampliación de la declaración fue incorrecta, pues el juez de primera instancia determinó que estaba plenamente comprobado el delito de trata de personas equiparado y, en consecuencia, la responsabilidad penal, al existir un señalamiento directo de las agraviadas contra el procesado.

Valentín Rojas fue remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de trata de personas equiparado, dentro del proceso penal 13/2011 del juzgado cuarto de Guridi y Alcocer, relacionado con la averiguación previa 12/2011/UEIDTP.

En entrevista, el gobernador manifestó que el Poder Ejecutivo local y la PGJE ya no pueden hacer nada tras la sentencia dictada por ambos magistrados, pero el Congreso estatal podría llamar a cuentas a los dos jueces y promover un juicio político en su contra.

González Zarur dijo que no es conveniente ni correcto que después de la captura de una persona que confiesa su delito y sus víctimas también lo reconocen, el abogado defensor hábilmente solicite una ampliación de la declaración cuando normalmente sabemos que amenazan a las mujeres y se empiezan a repartir recursos, con lo cual se pasa por alto la sentencia del juez y los magistrados deciden absolver de los cargos al inculpado.

Ahondó que el trabajo de la procuraduría fue el correcto, y que lo incorrecto, sobre todo, es el actuar de los magistrados de quienes no es la primera vez que está en tela de juicio su honestidad y su ética.

Apuntó que el TSJE administra la justicia y los dos juzgadores pasaron sobre una sentencia de un juez y sobre un voto particular (el de la magistrada Cordero), lo que quiere decir que los que actúan mal son ellos; ninguno de los dos tiene fama pública de honestidad, ni de ética ni de moral.

El mandatario estatal llamó a la sociedad y los poderes de gobierno a estar vigilantes para evitar más situaciones de este tipo.

En Tlaxcala existen unas 150 denuncias por trata de personas y a la fecha sólo se han dictado tres sentencias condenatorias contra los probables lenones.