oy hace 10 años que el petrolero Prestige se partió en dos y se hundió a 250 kilómetros de la costa española. Una semana antes había sufrido una avería cerca del cabo Finisterre, en La Coruña, en medio de un fuerte temporal. Durante seis días el buque fue paseado frente a Galicia derramando 77 mil toneladas de combustible que afectaron más de mil 500 kilómetros de litoral, desde la frontera de Portugal con España hasta la de Francia. Es la mayor catástrofe natural registrada en la península ibérica. También, muestra por excelencia de irresponsabilidad e insensibilidad de un gobierno.

Apenas en octubre pasado comenzó en La Coruña el juicio contra el capitán del Prestige, el marino griego Apostolos Mangouras; contra el jefe de máquinas y contra el entonces director general de la Marina Mercante españañola, José Luis López-Sors, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este es el único funcionario-político que llega ante la justicia por la tragedia. Se le acusa de dictar la orden de llevar el buque mar adentro, sin contar con avales técnicos sobre las consecuencias de tal medida, la cual propició la extensión de la marea negra.

Otro acusado, el primer oficial del barco, está prófugo. Para el capitán se piden 12 años de cárcel. En estos días los acusados declaran ante la justicia en medio de muchas críticas de los grupos ciudadanos por la tardanza en hacer justicia y las penas que pueden imponerse a los culpables. Y porque, aunque los últimos años se han tomado medidas para prevenir derrames, son insuficientes.

El largo proceso legal contra los responsables involucra a cientos de personas e instituciones y será hasta septiembre próximo cuando se conozca la sentencia. Más de 2 mil personas de decenas de municipios españoles y ocho franceses resultaron directamente perjudicados por el derrame. Mil 500 de ellas todavía no reciben indemnización. Es el juicio más largo y complejo en la historia de Galicia. Otro dato que muestra cómo funcionan las trasnacionales: el Prestige navegaba con bandera de Bahamas; el dueño era de Liberia (Mare Shipping); la aseguradora, inglesa; el armador, griego; el certificado, estadunidense y estaba fletado por una sociedad suiza.

El derrame movilizó a cientos de miles de ciudadanos que durante semanas recogieron el chapopote y marcharon indignados en Santiago de Compostela y Madrid en protesta por la actuación del gobierno, entonces encabezado por el señor Aznar. El vicepresidente era Mariano Rajoy, que hoy manda en España. A otro más, Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, y quien nombró a su amigo López-Sors como director de la Marina Mercante, hasta lo premiaron con la Medalla de Oro de Galicia. El que era ministro de Defensa, Federico Trillo, dijo que las playas de Galicia estaban esplendorosas y sugirió bombardear el buque para terminar el problema. Hoy es embajador en Inglaterra. Jaume Mata, ministro del Medio Ambiente, dijo que el gobierno estaba actuando con diligencia.

Otros funcionarios implicados en el mal manejo de la situación negaron los efectos negativos del derrame. Algunos se fueron de cacería. Hoy son funcionarios del gobierno español. El señor Aznar calificó la indignación ciudadana exagerada, una torpeza y un grave error, un complot de sus enemigos políticos, interesados en aprovecharse del dolor ajeno. Manuel Fraga, que gobernaba Galicia, aseguró que Dios y el apóstol Santiago lo ayudaban a detener el derrame. En el festín de estupideces, Rajoy negó que el buque estuviera regando combustible. Sólo aceptó que echaba hilillos de plastilina que ascienden verticalmente.

Dos caras del juicio: por un lado, el Estado español exige que se le paguen más de 5 mil millones de dólares por los daños causados por la marea negra y por lo que erogó en detenerla y recogerla durante semanas. Por el otro, podría ser condenado por la irresponsabilidad de quien presidía la Marina Mercante y la actuación de otros funcionarios que no actuaron acorde a las dimensiones de la tragedia.

Quienes mostraron su ineptitud hace 10 años hoy la refrendan al manejar la debacle económica, social y política que lleva a cuestas la mayoría de los españoles.