La Procuraduría Fiscal de la Federación dio entrada el pasado 6 de noviembre a una ampliación de la denuncia contra la trasnacional Sempra Energy, la cual, para evitar el pago de impuestos, falseó información relativa a los precios de transferencia del gas que almacena en su regasificadora Costa Azul, en Ensenada, Baja California.

El ciudadano Felipe Ruanova Zárate –quien presentó una denuncia en octubre contra la empresa estadunidense por evasión de impuestos y lavado de dinero– también entregó como pruebas documentos que acreditarían que Sempra Energy ha abierto cuentas bancarias en múltiples países y los denominados paraísos fiscales, con el propósito de evadir responsabilidades fiscales en las naciones donde opera.

La primera denuncia, de octubre pasado, fue radicada por el subprocurador fiscal de la Federación, Ramón Ignacio Cabrera León, con el número 5120925.

Esta vez Ruanova documenta con un oficio de la trasnacional, denominado Aprobación corporativa política de compromiso, que las instalaciones del proyecto denominado Casa Azul tuvieron un costo superior a 10 millones de dólares en la zona de Ensenada, pero no cumplió con sus obligaciones tributarias.

Al autorizar y construir un centro ejecutivo de conferencia en territorio nacional, en el cual se tomaron decisiones que trascienden en el patrimonio de la empresa, se debe considerar que (Sempra) cuenta con un establecimiento permanente con residencia fiscal en México, y con ello está sujeta al pago de impuestos correspondientes, señala en su queja.

Así, en la ratificación de la denuncia contra la trasnacional envió a la Procuraduría Fiscal el listado de las cuentas de bancos nacionales e internacionales (del que se tiene copia) con nombre de la empresa, banco, tipo y número de cuenta, moneda en la que están aperturadas, país y montos aproximados de la operación.

En esa lista, afirma, se pretende acreditar el complejo aparato financiero del que se vale (Sempra Energy) para ocultar el origen y destino de sus recursos, configurando así el delito de lavado de dinero.

Agregó una copia simple del organigrama que utiliza la denunciada, aparentemente para hacer las transferencias sin ser detectada por las autoridades fiscales y evadir el pago de impuestos.

También solicitó al subprocurador Cabrera León integrar en la denuncia las pruebas ofrecidas y ordenar los trámites correspondientes para su desahogo, requerir el apoyo de la Administración General de Aduanas para investigar el probable delito de contrabando y enviar una solicitud de apoyo a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue el lavado de dinero.